• ¿Por qué la ley de hidrocarburos es contraria al interés nacional? Explicación sencilla
Regeneración, 12 de junio de 2014.- El petróleo es un recurso estratégico, por eso el gran interés de las grandes potencias y corporaciones sobre la reforma energética.
La importancia del petróleo es estratégica
Ilustración: Internet
Vicios de origen
1. El Proyecto de Ley de Hidrocarburos carece de validez jurídica por ser el fruto de actos viciados de origen, pues proviene de una reforma constitucional en la cual los hidrocarburos fueron desincorporados como parte de las áreas estratégicas de la Nación; cediéndose a inversionistas privados, principalmente extranjeros los derechos históricos del pueblo, los recursos naturales en manos de la nación y serán otorgadas al dominio extranjero áreas y pedazos del territorio, así como otras actividades exclusivas de la Nación, lo que significa pérdida de soberanía y un riesgo para la seguridad nacional.
2. De origen, la llamada “reforma energética” no es un acto válido ni legítimo porque el Constituyente Permanente carece del mandato popular para modificar artículos constitucionales que representan la esencia misma de la República y del pacto social emanado de la Revolución Mexicana. El Congreso no puede ir contra el interés nacional ni entregar los recursos de la Nación como autorizó con las reformas que establecen contratos de licencia o contratos de producción compartida y la modificación de las bases de la propiedad privada o social (expropiación expedita) para permitir la constitución de servidumbres legales hacia los hidrocarburos (es decir, si se encuentra petróleo o gas en el subsuelo, la autoridad entregará los terrenos a empresas privadas sin que el legítimo dueño pueda impedirlo por la vía legal). Con la reforma secundaria se entrega territorio, el petróleo y el gas a manos extranjeras, las cuales incluso estarán en condiciones de exportar los hidrocarburos directamente, apropiándose de las ganancias del petróleo, dejando al país con muy pocos recursos económicos ni energéticos. Mienten los funcionarios del gobierno de Enrique Peña y los legisladores del PRI y el PAN cuando prometen que la renta petrolera (las ganancias) ingresará al presupuesto público.
3. Los actos viciados de origen de la Ley de Hidrocarburos consisten también en un proceso ilegal de aprobación por el Constituyente Permanente, ya que además violó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al sorprender por medio de “adendums”, el no haberse dictaminado en comisiones en la Cámara de Diputados y no respetar los reglamentos de los Congresos estatales para realizar una aprobación en “fast track”.
4. El proyecto de la Ley de Hidrocarburos está sustentado en una visión privatización de los recursos energéticos, el desmantelamiento de Pemex y de garantizar el beneficio exclusivo de las empresas e inversionistas nacionales y extranjeros.
Contratos mercantiles bajo jurisdicción internacional
1. Los contratos den el sector energético que proponen las leyes secundarias los convierten en contratos de Estado porque los suscribirá la Secretaría de Energía, lo que significa:
a) Los contratos se regirán por el derecho mercantil, con lo cual el Estado mexicano renuncia a su condición de ente soberano en materia energética.
2. Al suscribir la SENER los contratos energéticos, se coloca al Estado Mexicano en un status de indefensión ya que los conflictos demandados por los inversionistas extranjeros, podrán abarcar la totalidad de los bienes inherentes a los poderes y órganos de gobierno. Y estos diferendos serán dirimidos en tribunales internacionales y en caso de que México gane los juicios, tendrá que indemnizar a las empresas de acuerdo a las ganancias que ya no recibiría.
Desnaturalización del concepto de utilidad pública
1. El concepto constitucional de utilidad pública está siendo objeto de un proceso de desnaturalización ya que si las actividades de la industria de hidrocarburos serán consideradas como de utilidad pública, luego entonces, serán preferentes sobre cualquier otra actividad económica, social o cultural. Esta singularidad jurídica es en sí misma suficiente para imponer incluso a la propiedad privada un régimen legal de servidumbre petrolera que no está reconocido dentro de la Constitución.
En otras palabras, al ser la industria de hidrocarburos una actividad de interés público por encima de cualquier otra actividad, podrán expropiarse tierras cuando uando en sus tierras donde se detecten recursos energéticos o se requieren para el desarrollo del sector energético; los legítimos dueños no tendrán sin derecho a defenderse y serán despojados.
2. El concepto de constitución de servidumbres legales hacia los hidrocarburos pone en riesgo todo la propiedad privada y social en el país.
El engaño en cuanto al contenido nacional en los contratos.
Dentro de los contratos se exigirá un porcentaje mínimo de contenido nacional en los insumos y en la infraestructura. Sin embargo en los tratados de libre comercio se prohíbe al Estado mexicano imponer requisitos o medidas compensatorios como reglas que privilegien el desarrollo de proveedores y cadenas productivas nacionales.
La entrega de la seguridad nacional y la seguridad energética
1. Las actividades de la comercialización de hidrocarburos serán realizadas por privados extranjeros sin que para ello sea menester contar con permiso alguno, incluso esta apertura puede ser aprovechada por el crimen organizado (como ha ocurrido con los Caballeros Templarios en Michoacán).
2. La seguridad energética queda sujeta a las “libres fuerzas del mercado”, ya Pemex no será responsable del abastecimiento de hidrocarburos en el país.
La presión de las empresas trasnacionales es aumentar el precio de la gasolina sea de 20 pesos por litro, para que la producción, refinación y venta a granel en gasolineras sea un auténtico negocio millonario para las empresas trasnacionales.
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Con las reforma de hidrocarburos, los mexicanos podemos decir: adiós al petróleo, adiós al gas, y bienvenida la pobreza de la población, la escasez de recursos del Estado para educación, salud, infraestructura y el surgimiento de la nueva colonia que aun se llamará México.
La mal llamada reforma energética nos quita a los mexicanos el petróleo, elimina la soberanía nacional y nuestros derechos como pueblo; nos empobrecen más con el robo de las ganancias del petróleo y hasta nos despojarán de nuestras tierras y recursos naturales como el agua, porque las nuevas formas de explotación petrolera como el fracking (fractura hidráulica) nos contaminarán el agua, la tierra y el aire.
No dejemos que despojen al país y a nuestros hijos de un futuro.
El futuro de México depende de lo que hagamos en el presente.
No permitamos el despojo y la venta del país al extranjero
La importancia del petróleo es estratégica
Ilustración: Internet
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Ley de electricidad plantea la privatización total
10 razones para rechazar el desmantelamiento del sector eléctrico y el despojo que promueve la expropiación de tierras para beneficio de empresas extranjeras
Regeneración, 14 de junio de 2014. El verdadero objetivo de la Ley de la Energía Eléctrica es llevar a cabo la “estricta separación legal” del Estado para el acceso abierto (es decir, su pulverización) y la privatización total del sector eléctrico. De esta manera se aplicará el inciso a del artículo 10º Transitorio del Decreto constitucional.
El camino para la aprobación de la nueva ley de la industria de la energía eléctrica está plagado de ilegalidades: el proceso ilegal de aprobación por el Congreso uya que no tienen el mandato ciudadano para modificar artículos fundamentales de la Constitución; el PRI y el PAN violaron la Ley Orgánica del Congreso al sorprender a los legisladores e incluir “adendums” que no se discutieron ni dictaminaron en comisiones en la Cámara de Diputados; tampoco se respetaron los reglamentos de los Congresos estatales para realizar una aprobación en “fast-track”.
El proyecto de la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica tiene como propósito no garantizar un servicio público de calidad y a bajo precio sino su privatización y la maximización de las ganancias y los intereses de los inversionistas. La Comisión Federal de Electricidad será desmantelada y del servicio público pasará la generación, distribución y venta de electricidad en un negocio para beneficio de unas cuantas empresas.
Otro de los objetivos que la Ley es crear y promover un mercado en el sector de electricidad, los costos y las ganancias de los inversionistas los pagará el consumidor, como ya ocurre hoy en día que el 50% de la electricidad la generan privados. Prometen mejores tarifas eléctricas, pero es una falacia, ya el principal atractivo de la reforma en materia de competitividad es la de promover la máxima ganancia para las empresas.
Es una mentira que la privatización de los sectores eléctricos en el mundo han promovido la competitividad y los precios bajos de las tarifas, la realidad que han provocado crisis de abasto y precios altos como en California en el 2000 y actualmente en España.
Uno de los argumentos principales de Peña Nieto y del PRI para promover la Ley es que en nuestro país el precio de la electricidad es elevado y no resulta competitivo. Esto no es verdad: la tarifa media mexicana es solo 11.5% superior a la norteamericana, pero en el estado de California las tarifas son superiores en 20% a la mexicana. Con solo eliminar el impuesto de aprovechamiento, se logra igualar las tarifas medias de los dos países.
Otro de los argumentos de la iniciativa es que “En relación con la red de distribución, hoy en día se registran ineficiencias significativas. Las pérdidas de energía en nuestro país son casi del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En realidad en México existe una política para construir redes de distribución bien diseñadas que son aportadas gratuitamente a CFE por parte de los usuarios, porque pagan la infraestructura al adquirir sus terrenos. La mayor parte de las pérdidas que se mencionan corresponden a robos, que han sido tolerados por el gobierno.
10 razones para rechazar el desmantelamiento del sector eléctrico y el despojo que promueve la expropiación de tierras para beneficio de empresas extranjeras
Regeneración, 14 de junio de 2014. El verdadero objetivo de la Ley de la Energía Eléctrica es llevar a cabo la “estricta separación legal” del Estado para el acceso abierto (es decir, su pulverización) y la privatización total del sector eléctrico. De esta manera se aplicará el inciso a del artículo 10º Transitorio del Decreto constitucional.
El camino para la aprobación de la nueva ley de la industria de la energía eléctrica está plagado de ilegalidades: el proceso ilegal de aprobación por el Congreso uya que no tienen el mandato ciudadano para modificar artículos fundamentales de la Constitución; el PRI y el PAN violaron la Ley Orgánica del Congreso al sorprender a los legisladores e incluir “adendums” que no se discutieron ni dictaminaron en comisiones en la Cámara de Diputados; tampoco se respetaron los reglamentos de los Congresos estatales para realizar una aprobación en “fast-track”.
El proyecto de la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica tiene como propósito no garantizar un servicio público de calidad y a bajo precio sino su privatización y la maximización de las ganancias y los intereses de los inversionistas. La Comisión Federal de Electricidad será desmantelada y del servicio público pasará la generación, distribución y venta de electricidad en un negocio para beneficio de unas cuantas empresas.
Otro de los objetivos que la Ley es crear y promover un mercado en el sector de electricidad, los costos y las ganancias de los inversionistas los pagará el consumidor, como ya ocurre hoy en día que el 50% de la electricidad la generan privados. Prometen mejores tarifas eléctricas, pero es una falacia, ya el principal atractivo de la reforma en materia de competitividad es la de promover la máxima ganancia para las empresas.
Es una mentira que la privatización de los sectores eléctricos en el mundo han promovido la competitividad y los precios bajos de las tarifas, la realidad que han provocado crisis de abasto y precios altos como en California en el 2000 y actualmente en España.
Uno de los argumentos principales de Peña Nieto y del PRI para promover la Ley es que en nuestro país el precio de la electricidad es elevado y no resulta competitivo. Esto no es verdad: la tarifa media mexicana es solo 11.5% superior a la norteamericana, pero en el estado de California las tarifas son superiores en 20% a la mexicana. Con solo eliminar el impuesto de aprovechamiento, se logra igualar las tarifas medias de los dos países.
Otro de los argumentos de la iniciativa es que “En relación con la red de distribución, hoy en día se registran ineficiencias significativas. Las pérdidas de energía en nuestro país son casi del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En realidad en México existe una política para construir redes de distribución bien diseñadas que son aportadas gratuitamente a CFE por parte de los usuarios, porque pagan la infraestructura al adquirir sus terrenos. La mayor parte de las pérdidas que se mencionan corresponden a robos, que han sido tolerados por el gobierno.
Expropiación en favor de extranjeros, legaliza despojo de tierras
• La pretensión de despojar a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas se extendió también para el caso de instalaciones eléctricas.
• Senadores agregan al plan de Peña figura de expropiación en favor de extranjeros o nacionales
• Buscan legalizar despojo de tierras también en el sector de electricidad
Cartón de Helguera
Regeneración. Junio 14, 2104 México.- En el proyecto de dictamen de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, se señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.
La iniciativa que Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida, junto con otras modificaciones.
En el capítulo VII, título segundo, del proyecto de dictamen se autoriza a las trasnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones de electricidad, generadores o ductos, pero el valor de los terrenos se acordará con un organismo oficial, de acuerdo con la Secretaría de Energía, no con los propietarios.
Al respecto, senadores opositores dijeron que tienen reservados todos los artículos de la ley de hidrocarburos donde se establece el despojo de tierras, y lo propio harán en el caso de la industria eléctrica para que se señale expresamente que tales disposiciones no se aplicarán a superficies ocupadas por pueblos y comunidades indígenas
Entre las modificaciones hechas a la propuesta original de Peña Nieto está precisamente que procederá la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica.
Se resalta en el proyecto de dictamen que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.
Que la Federación y los gobiernos de los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.
Asimismo, define que las empresas nacionales y extranjeras podrán acordar la adquisición, uso, goce, servidumbre o afectación de la modalidad idónea para el desarrollo de su proyecto eléctrico, entre ellas el arrendamiento, ocupación superficial, comodato, compraventa y permuta.
La contraprestación comprenderá pago en efectivo o en especie, o el compromiso de contratación del propietario o titular del bien o derecho de que se trate.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) mediará entre el afectado y la empresa contratista, y podrá sugerir la forma de adquisición o uso de los terrenos o propiedades donde se habrá de construir estructura eléctrica. Además, en caso de que el propietario no acepte los avalúos particulares, este instituto será el encargado de fijarlos.
Editorial La Jornada / Ley de hidrocarburos: expropiación al revés
Por donde se le vea, el proyecto de dictamen de la ley de hidrocarburos elaborado por el Senado de la República tiene implicaciones devastadoras para todos los agentes económicos que no pertenezcan al sector petrolero: la minería, la industria, el comercio, el turismo, la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras, experimentarían, de aprobarse el documento, una tremenda presión legal. Los propietarios individuales no podrán negarse a vender, arrendar o ceder de alguna forma sus tierras a concesionarios petroleros. Al amparo de semejante ley, una infinidad de comunidades, pueblos y rancherías quedarían a merced de los vastos poderes de negociación, presión y chantaje propios de las trasnacionales petroleras, y las reservas ecológicas podrían ser eliminadas en aras de un interés social y orden público que, una vez consumada la desnacionalización de la industria de hidrocarburos, no serían ya ni social ni público, sino particular y privado (…) El proyecto senatorial dibuja, en suma, una expropiación petrolera inversa a la realizada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas hace más de 70 años (…) Para la sociedad, para la economía y para la vigencia del estado de derecho sería muy grave, en suma, que se aprobara ese dictamen.
Perspectiva de despojo
Editorial La Jornada
tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquéllas. No deja de ser paradójico que semejantes iniciativas se presenten a instancias de un binomio partidista –el que conforman el PRI y el PAN– que en las dos pasadas elecciones presidenciales propaló que uno de los principales riesgos de un gobierno federal de corte progresista era, precisamente, la pérdida de certidumbre sobre los derechos de propiedad. Sin embargo, al amparo de leyes como las propuestas esta semana, esos mismos derechos quedarían seriamente amenazados, con la diferencia de que las expropiaciones correspondientes se harían a favor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y en detrimento del país, su población, su economía y su soberanía.
Una consideración fundamental es que, dada la orientación entreguista y privatizadora de la reforma energética, se abriría una perspectiva de despojo territorial generalizado por parte de las empresas de energía, las cuales recuperarían, de ese modo, el control territorial casi omnímodo de que gozaron hasta la expropiación petrolera de 1938. Esa ampliación del poder fáctico de las trasnacionales sería proporcional a la pérdida de potestades reales de las autoridades de los distintos niveles en lo que se refiere al ordenamiento territorial para fines habitacionales, agrícolas, industriales, económicos, turísticos y de toda índole que no sea propiamente energética.
Lo anterior abre un panorama gris para la economía nacional: por un lado, es previsible que, como consecuencia de la reforma energética, el Estado pierda una cantidad considerable de ingresos derivados de la renta petrolera y la generación y venta de energía eléctrica, lo que mermará al erario y afectará la capacidad estatal de fungir como motor del desarrollo y la actividad económica. Por otro lado, el desarrollo de actividades que pudieran suplir la pérdida de esos ingresos petroleros estaría en un estado de amenaza y precariedad permanente, en la medida en que la disposición de espacio físico para llevarlas a cabo quedaría a merced de las empresas trasnacionales, las cuales operan sin ningún compromiso con el país y con el único interés de obtener la máxima y más rápida ganancia.
En suma, el referido conjunto de leyes no sólo desdibuja aún más la potestad del Estado sobre los hidrocarburos y la industria eléctrica, sino también la posibilidad de que la economía nacional pueda reorientarse a otras ramas para potenciar el desarrollo del país. Dicha perspectiva resulta sumamente peligrosa para la soberanía del país, su economía y su sociedad y para sus propias instituciones y autoridades.
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