La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en varios estados de la República, entre ellos Yucatán, advierte la Red todos los derechos para todas y todos en el Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura.
(Destacamos la información sobre Yucatán y, a continuación, el comunicado y anexo. Agradecemos la difusión) En Yucatán, quizá uno de los casos más paradigmáticos es el de Robert Tzab, quien el 19 de agosto de 2010 fue encontrado sin vida en los separos de la entonces policía judicial en Tekax, dependiente de la Agencia Décimo Segunda del Ministerio Público, luego de haber sido detenido. A pesar de la existencia de elementos que hacen presumir tortura por parte de policías judiciales, de la exigencia constante de justicia de sus familiares, de una limitada recomendación por parte de la Codhey , y de que finalmente se abrió una averiguación previa por tortura, hasta la fecha la agencia décimo cuarta del ministerio público con sede en Ticul, encargada de la investigación, ha omitido realizar diligencia alguna para esclarecer los hechos, situación que ha llevado a sus familiares a solicitar un amparo . Lo anterior exhibe otra grave omisión que permite que esta práctica siga sucediéndose: la total impunidad derivada de la ausencia de adecuados mecanismos para garantizar una investigación seria, eficiente e imparcial, de conformidad con los estándares más altos de derechos humanos.Otra de las causas que permiten que este tipo de conductas sean minimizadas es la actuación de la Codhey, quien, además de demorar en sus investigaciones, de manera sistemática omite catalogar los casos de tortura como tales, limitándose a señalar únicamente la existencia de “violaciones a la integridad personal”, hecho que minimiza actos que son considerados por el derecho internacional de los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad.
Otro indicador que demuestra la gravedad de esta práctica en la entidad, es que de 2006 a la fecha, 13 personas han fallecido en distintas cárceles del estado. La práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en la entidad, no respetan edad, como lo demuestra el caso de M.A.J.S., de 16 años de edad, quien el 7 de abril del presente año fue detenido y torturado por policías municipales de Ticul, causándole varias lesiones en el cráneo, la cara, los ojos e incluso fractura de tabique nasal.
Le hacemos llegar el siguiente comunicado que emite la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" y las organizaciones que lo integran con respecto al Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Asimismo se adjunta un anexo con información sobre la situación de esta práctica en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
Equipo Indignación
Ciudad de México, a 26 de junio de 2013
Boletín Red TDT No. 14 /2013
OSC denuncian la persistencia de la tortura en México y exigen justicia para todas las y los sobrevivientes
· México ha recibido numerosas recomendaciones en la materia, las cuales continúan vigentes y sin ser implementadas
· La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en diversos estados de la República
En el contexto del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) enviamos un mensaje de solidaridad a todas las personas en el país y el mundo que han sido víctimas de la tortura, al mismo tiempo exigimos al Estado mexicano terminar con esta práctica que atenta contra la dignidad humana.
Si bien el Estado mexicano ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de tortura y se ha sujeto a las evaluaciones periódicas de mecanismos de derechos humanos, como lo fue la reciente evaluación ante el Comité contra la Tortura el octubre pasado, las recomendaciones[1] emitidas por dichos mecanismos distan de ser implementadas; por el contrario, éstas no han sido atendidas a través de una política integral en materia de derechos humanos. En contraparte se atestigua un aumento en la práctica de la tortura en nuestro país[2], así como de la impunidad que continua alrededor de los casos que han sido denunciados ante las autoridades correspondientes.
A pesar de que las reformas constitucionales promulgadas en México en los últimos años han significado una oportunidad para implementar acciones de erradicación de la práctica de la tortura,México dista de contar con un marco normativo armónico a los estándares internacionales en materia de tortura en todos los estados. Ejemplo de ello es la necesaria tipificación del delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero. Diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado iniciativas integrales en materia de justicia en el estado, sin embargo, a la fecha el Congreso estatal no ha aprobado las reformas correspondientes.
En contraparte, figuras y vacíos en la legislación mexicana, como la figura del arraigo, permiten un espacio de escasa vigilancia y alta vulnerabilidad para las personas detenidas por alguna autoridad, lo cual suele derivar en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, sigue pendiente la reforma en materia de fuero militar que permita llevar ante la justicia ordinaria a elementos de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, entre ellas actos de tortura.
La especial situación en centros penitenciarios y de detención ha sido uno de los centros de las preocupaciones de mecanismos como el Subcomité contra la Tortura[3], quien documentó la situación de vulnerabilidad para la población privada de su libertad.
Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales continuamos documentando cómo la tortura sigue siendo una práctica sistemática[4] para obtener confesiones de personas detenidas, delito que es normalmente precedido de detenciones arbitrarias e incomunicación. Ejemplo paradigmático de ello es el caso de Israel Arzate Meléndez, quien fue torturado y obligado a confesar un delito que no cometió, cuyo proceso será revisado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas. Este proceso jugará un papel fundamental en determinar si el nuevo sistema penal es capaz de garantizar la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o si se tolerarán las mismas prácticas viciadas del viejo sistema.
Los obstáculos para investigaciones eficientes e independientes de casos de tortura son la primera causa de impunidad. A la par, la falta de una correcta adecuación del Protocolo de Estambul a nivel nacional y estatal por expertos independientes, es uno de los retos para que las víctimas de tortura accedan a la justicia.
Ante el panorama nacional y en vísperas de que el Estado mexicano presente próximamente ante el Consejo de Naciones Unidas un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el marco del próximo Examen Periódico Universal[5], México tiene la oportunidad de mostrar las acciones pendientes y el plan de ruta para combatir la impunidad que reina en casos de tortura y de crear medidas de prevención. En este marco, el Estado mexicano no puede dejar de lado el derecho a la reparación del daño a todas las víctimas y sobrevivientes de tortura.
Atentamente,
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigodh)
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A.C.
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C.
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A. C
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para todas y Todos" (conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).
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Anexo
La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en varios estados de la República
Información complementaria a nivel estatal en materia de tortura.
ChiapasEn Chiapas, la tortura subsiste como método de investigación policiaca, utilizada sobre todo por integrantes de la Policía Ministerial, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde la intencionalidad recurrente es la de obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima.
Se cuenta con información que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJE, es el mecanismo que encubre y justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales. Funcionarios de esta fiscalía niegan y minimizan que la tortura sea una práctica en Chiapas.
El nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local, da un mensaje claro de perpetuar la impunidad y legitimar la tortura en Chiapas
Chihuahua
A pesar que desde 2012 se publicó "la Ley para prevenir, erradicar y sancionar la tortura" ésta continúa practicándose sistemáticamente por autoridades de todos los niveles. A pesar de la salida del Ejército y Policía Federal en Ciudad Juárez, la violencia, detenciones y desapariciones no han disminuido en la ciudad. En promedio mensualmente hay 10 mil detenciones por parte de la Fiscalía General del Estado, y la Policía Municipal en su mayoría de jóvenes. Cabe destacar que gran parte de estas detenciones son arbitrarias lo cual da paso a que se practique la tortura con el fin de obtener confesiones.
Tan sólo la organización l Centro Paso del Norte, de septiembre de 2011 a la fecha ha registrado 65 casos de tortura y atendido 26 de ellos. A la fecha no existe ningún caso de algún soldado o policía procesado por el delito de tortura a pesar de las pruebas existentes.
Cabe destacar que el estado de Chihuahua fue el primero en implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, el cual podría incidir en disminuir los casos de tortura e impunidad que imperan en el Estado, sin embargo, dicho sistema no ha sido efectivo y ha provocado regresar a los vicios del sistema anterior.
Guerrero
La tortura no se encuentra tipificada en el Código Penal del Estado sino que se encuentra legislada en la norma que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum), lo que contribuye a que los actos de tortura en el estado no sean investigados ni sancionados debidamente . Esta situación quedó evidenciada en la Recomendación No.1 VG/2012 realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, donde se comprobó que en Guerrero la tortura se sigue empleando para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.
No obstante, en virtud de que a las actuaciones del sistema Ombudsman no se les reconoce valor probatorio en el ámbito penal y a consecuencia de las deficiencias del sistema de justicia guerrerense, los actos de tortura documentados en dicha Recomendación permanecen impunes. Frente a esta situación el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó el 31 de octubre de 2012 ante el Congreso del Estado de Guerrero una propuesta de iniciativa de reforma integral para prevenir, investigar y sancionar la tortura en el estado, que tiene como objetivo principal armonizar el marco legislativo estatal con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, hasta la fecha el Congreso estatal no ha aprobado las reformas correspondientes.
Oaxaca
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, de los años 2009 al 2012 iniciaron 22 averiguaciones previas por el delito de tortura, sin embargo, hasta la fecha solo una ha sido consignada, pero no por el delito denunciado, sino por el delito de “lesiones calificadas”, esto es, al realizar la consignación reclasificaron el delito. Lo que habla del grado de impunidad en estos casos y la falta de reconocimiento de la tortura por parte de las autoridades, a su vez la definición de tortura de la “Ley Estatal para la Prevención de la Tortura del Estado de Oaxaca”, no se ajusta a los estándares internacionales.
Yucatán
De agosto de 2012, a abril de 2013, se presentaron 155 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) por distintas violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos policiacos municipales y estatales, muchas de las cuales se catalogan como tortura. De esos casos, 97 son atribuibles a la Secretaría de Seguridad Pública, 17 a la Policía Ministerial del estado y 41 a policías de distintos municipios.
Otro indicador que demuestra la gravedad de esta práctica en la entidad, es que de 2006 a la fecha, 13 personas han fallecido en distintas cárceles del estado. La práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en la entidad, no respetan edad, como lo demuestra el caso de M.A.J.S., joven de 16 años de edad, quien el 7 de abril del presente año fue detenido y torturado por policías municipales de Ticul, causándole varias lesiones en el cráneo, la cara, los ojos e incluso fractura de tabique nasal.
En Yucatán, quizá uno de los casos más paradigmáticos es el de Robert Tzab, quien el 19 de agosto de 2010 fue encontrado sin vida en los separos de la entonces policía judicial en Tekax, dependiente de la Agencia Décimo Segunda del Ministerio Público, luego de haber sido detenido. A pesar de la existencia de elementos que hacen presumir tortura por parte de policías judiciales, de la exigencia constante de justicia de sus familiares, de una limitada recomendación por parte de la Codhey , y de que finalmente se abrió una averiguación previa por tortura, hasta la fecha la agencia décimo cuarta del ministerio público con sede en Ticul, encargada de la investigación, ha omitido realizar diligencia alguna para esclarecer los hechos, situación que ha llevado a sus familiares a solicitar un amparo . Lo anterior exhibe otra grave omisión que permite que esta práctica siga sucediéndose: la total impunidad derivada de la ausencia de adecuados mecanismos para garantizar una investigación seria, eficiente e imparcial, de conformidad con los estándares más altos de derechos humanos.
Otra de las causas que permiten que este tipo de conductas sean minimizadas es la actuación de la Codhey, quien, además de demorar en sus investigaciones, de manera sistemática omite catalogar los casos de tortura como tales, limitándose a señalar únicamente la existencia de “violaciones a la integridad personal”, hecho que minimiza actos que son considerados por el derecho internacional de los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad.
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