CARTA DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES AL IFE

CARTA DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES AL

PRESIDENTE Y A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE)

México, D.F., a 29 de Junio de 2012.

Licenciado Leonardo Valdez Zurita

Presidente del Instituto Federal Electoral

Distinguidos Miembros del Consejo General

Presentes

Como ciudadanas y ciudadanos, en ejercicio de nuestros derechos políticos, consagrados por nuestra Constitución, los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos ratificados por México, y las leyes que nos rigen en materia electoral, nos dirigimos a Ustedes con todo respeto para exponerles con sinceridad nuestras preocupaciones acerca del proceso electoral que tendrá su expresión clave el próximo domingo primero de julio, durante la jornada electoral en la que se votará por el nuevo titular del Ejecutivo Federal, y se renovará a los Senadores y Diputados que conformarán la nueva Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Somos parte de la Coordinación del Colectivo de Organizaciones Civiles y Sociales que en marzo de este año elaboraron y lanzaron a la opinión pública una Proclama por el Rescate de la Nación, que fue difundida a través de algunos medios escritos y redes sociales, y a la que se adhirieron y firmaron   cerca de 600 organizaciones y personalidades de la sociedad en distintos Estados de la República. Somos también integrantes del Equipo que elaboró y dio a conocer el pasado jueves 21 de junio un Pronunciamiento Público por la Paz y el Respeto de la Legalidad Electoral, al que también se adhirieron cientos de organizaciones y personas que firmaron la Proclama por el Rescate de la Nación. Con este acto cumplimos también con una de las resoluciones de una Asamblea por la Paz y la Legalidad Electoral, que se instaló el Sábado 23 de junio en la Universidad Obrera de México.

Somos además conscientes de que, de conformidad con el Artículo 41, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contamos con la facultad de dirigirnos a Ustedes para expresarles nuestro punto de vista sobre el actual proceso electoral, y por eso queremos en primer lugar agradecerles su disponibilidad para recibirnos y escucharnos. Nos anima a demás su afirmación del pasado 9 de junio, en el sentido de que “el IFE es una Institución del Estado, y por lo tanto de todas las mexicanas y mexicanos”.

Nuestras preocupaciones recogen también la expresión que en ese mismo desplegado Ustedes hicieron acerca de que “el IFE entiende su compromiso, es decir, el de organizar una elección limpia, legal y transparente”, así como de “disponer todo lo necesario para que los ciudadanos mexicanos puedan votar de manera libre, secreta y en paz”.

Sin embargo consideramos que ese anhelo no se va a cumplir por decreto, sino que solo será posible a partir de una actuación contundente, comprometida e imparcial por parte en primer lugar de Ustedes. Y por ello les decimos que hemos hecho exigencias nuestras los principios rectores que la Constitución de la República les ordena cumplir en el desempeño de sus funciones: en el ejercicio de las funciones del Instituto Federal Electoral, “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores” (Artículo 41, fracción V).

Dadas las expectativas, incertidumbres y desconfianzas que el proceso electoral ha suscitado hasta ahora en muchos ciudadanos y ciudadanas de toda la república, nos permitimos también añadirles que, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de legalidad les obliga a actuar en estricto apego a todas las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. El principio de imparcialidad los conmina a evitar irregularidades, desviaciones o proclividades partidarias en el desempeño de sus funciones. El principio de objetividad les ordena que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. Y el principio de certeza, que para nosotros en las actuales condiciones del país es el mayor reto al que se enfrentan, los obliga a que todos los participantes que intervienen en el proceso electoral de distintas maneras y con diferentes competencias, conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que están ellos y Ustedes sujetos (Cfr. VOTO particular formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, en la Acción de Inconstitucionalidad 149/207, promovida por los partidos políticos Convergencia y del Trabajo, en contra del Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo).

Las preocupaciones y planteamientos que queremos exponerles tienen también como fundamento las obligaciones que el COFIPE le señala al IFE en su Artículo 105, entre otras “Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones”, y “Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio”.

A este respecto queremos expresarles a nombre propio, de las organizaciones y personas que así nos lo han demandado en la Asamblea a la que hemos hecho referencia, y de muchas ciudadanas y ciudadanos que en estos días se han acercado a nosotros, o a los que nosotros nos hemos podido acercar, que consideramos que el proceso electoral ha estado viciado y no se han garantizado del todo esos principios constitucionales y esos ordenamientos legales. Sabemos incluso que Consejeras y Consejeros Electorales del propio IFE en varias localidades han expresado su temor de que se haya configurado de nuevo en esta elección federal un fraude, más que nada mediante la compra y coacción del voto, tipificadas como delitos, la inacción de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE), el rebasamiento de los gastos de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, y la ilegalidad e ilegitimidad de su financiamiento.

Con respeto queremos expresarles con franqueza que los hemos percibido renuentes u omisos para enfrentar estos delitos y faltas a la normatividad con la contundencia que la ciudadanía reclama, pues estamos seguros que el IFE, en el cumplimiento de los delicados fines que el pueblo y la ley le han encomendado e imponen, cuenta con todas las facultades que la ley le otorga para asumir el papel de coadyuvante de la FEPADE en la investigación de los delitos electorales que establecen los artículos 403 al 407 del Código Penal Federal.

Queremos también destacar que el artículo cuarto del COFIPE establece con claridad en su numeral 3 que están prohibidos todos los actos que generen presión o coacción de cualquier forma a los electores en la emisión de su voto, por lo que el IFE está obligado a iniciar inmediatamente el procedimiento sancionatorio correspondiente, en cuanto tenga conocimiento de este tipo de actos, y por ello nos extraña que no hayan surtido las medidas cautelares que algunos partidos les solicitaron en días pasados para prevenir que otro de los partidos este usando tarjetas de débito de una empresa particular, para presuntamente financiar acciones de compra y coacción del voto. Reiteramos que consideramos que la ley le otorga al IFE todas las facultades para poder investigar en este y otros casos análogos el origen y el uso de esos fondos, informar de ello con claridad a la ciudadanía, y dictar las medidas cautelares a que haya lugar. Les expresamos igualmente nuestra desazón porque hasta la fecha no hemos visto que se haya hecho público, como también se lo han demandado otras personalidades, una información clara sobre los gastos realizados hasta la fecha por los candidatos.

Con todo respeto queremos manifestarles que dadas las desagradables experiencias que hemos tenido en otros comicios federales desde el año 1988, junto con otras ciudadanas, ciudadanos y organizaciones no estamos dispuestos a aceptar otra imposición de autoridades que violenten la voluntad popular, comprometiendo así su legitimidad y violentando aún más las condiciones de paz en nuestro país. Y que en caso de que lamentablemente esta se diera, además de recurrir junto con muchas mexicanas y mexicanos con todo derecho a todas las instancias legales para exigir el respeto irrestricto al voto libre de la ciudadanía, haríamos uso del derecho a la resistencia civil pacífica que nos otorga la Constitución.

Acompañamos la presente con dos textos con las firmas de las organizaciones que han participado en su elaboración o se han adherido a ellos: la Proclama por el Rescate de la Nación y el Posicionamiento por la Paz y el Respeto a la Legalidad Electoral 

ATENTAMENTE

Por la Coordinadora Nacional de la Proclama por el Rescate de la Nación y el Posicionamiento por la Paz y el Respeto a la Legalidad Electoral

Miguel Álvarez Gándara, John Mill Ackerman, Sergio Cobo, Miguel Concha Malo, David Escobar, Magdalena Gómez, Dolores González Saravia, Gilberto López y Rivas, Jesús Ramírez Funes, Andrés Ruiz Furlong, Mario Saucedo, Francisco Saucedo, Marcos Tello, Martín Velázquez.

POSICIONAMIENTO

POR LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL

Los ciudadanos y ciudadanas firmantes del presente posicionamiento queremos expresar a las autoridades electorales federales y estatales, a las autoridades representantes de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal de todo el país, y a la opinión pública, las siguientes consideraciones:

Uno. Nuestro país se encuentra en estado de emergencia y desastre nacional, a causa de la imposición de una economía parasitaria y estancada; por propiciar la degradación  humana evidente en muchos rincones del país, y por si fuera poco por una guerra declarada por el titular del ejecutivo, no para controlar y combatir al crimen organizado, cuya violencia se sigue multiplicando con su estela de dolor y sufrimiento, sino para proteger  intereses de empresas monopólicas y de conformidad con el gobierno norteamericano y su política guerrerista. El resultado de esta estrategia de guerra es la catástrofe humanitaria en que se ha hundido al país.

Dos. El proceso electoral en curso representa la posibilidad de un cambio por la vía institucional de las políticas que han comprometido la paz y tranquilidad, la soberanía, la justicia y el bienestar de la población. Es claro que la legalidad y la legitimidad de dicho proceso va a depender del respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en el sufragio. Y los responsables de que así suceda son el gobierno federal y los estatales, las autoridades electorales,  y también los poderes fácticos. De no resultar así, tal vez esta sea la última oportunidad para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en un clima de paz social

Tres.  En nuestra historia reciente el fraude y la imposición han puesto en riesgo la estabilidad política y social. Dan cuenta de ello las elecciones para presidente de 1988 y del 2006, así como una cantidad importante de elecciones municipales y estatales, en donde los gobiernos y los intereses particulares creados, han impuesto candidatos que no ganaron limpiamente. Y no solo en las urnas no se respeta el sufragio. La utilización de recursos públicos o los de origen ilegal proveniente del crimen organizado, o los gastos por encima de los topes de campaña, han estado presentes en numerosos procesos electorales. A ello también se suma la denigrante práctica de la compra de votos, que lucra con la pobreza; la compra de autoridades; la parcialidad, la incapacidad y la arbitrariedad de órganos electorales; amenazas e intimidaciones sobre votantes y candidatos e incluso la  represión y la muerte; la injerencia ilegal e inmoral de los medios de comunicación y de los poderes fácticos, a las que hoy, podrían añadirse otras formas más refinadas para burlar la voluntad popular y la legalidad,  como los duplicados de boletas electorales, incluso foliadas, el número de casillas a instalar en zonas rurales y las casillas especiales sin justificación. Nos preocupa igualmente el papel de algunas empresas encuestadoras, que tienen la función de influir en el estado de ánimo del electorado, con tendencias a favorecer a algunos de los candidatos.   

Cuatro. La irrupción del movimiento estudiantil y juvenil “#Yosoy132” ha puesto de manifiesto en esta coyuntura  la grave decisión del monopolio televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República. Detrás de ello está la intención de garantizar la permanencia de su control mediático sobre la sociedad, así como la de resguardar los privilegios de las minorías que detentan el poder político y económico. La autoridad electoral tiene el deber y la gran responsabilidad de garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, objetividad y legitimidad de los comicios. Pero advertimos, con preocupación la presencia de prácticas utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del derecho al sufragio efectivo.

Quinto. Exigimos que las distintas autoridades y los poderes fácticos respeten a cabalidad la voluntad popular de los mexicanos, haciendo valer el voto. Deseamos unas elecciones limpias y justas, que le den incuestionable legalidad y legitimidad al proceso y a quien resulte triunfador. Para todos debe estar claro que, ante el clima de violencia, de inseguridad, de desesperanza, nada agravaría más ésta situación, que el intento de imponer a alguien por el camino del fraude. 

Queremos dejar en claro a todas las autoridades que si pretenden fraguar un fraude, tendrán como respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia en contra de tal propósito. Lo haremos, no tengan duda, de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular, expresada en el sufragio. Este es nuestro deber y así lo consideramos los firmantes de este Manifiesto, ciudadanos libres y comprometidos con la justicia, la paz, la dignidad y con nuestra patria.

Igualmente, nos sumamos a la consideración de que, independientemente de la posición que tome la ciudadanía en cuanto a su manera de participar, es de la mayor importancia para el país el que todos los ciudadanos y funcionarios no sólo impidan todo género de trampas, sino que en cualquier circunstancia respeten la legalidad, y ellos mismos no la rompan en nombre de ella.

Convocamos a mujeres y hombres de todas las edades y sin distinción de creencias ideológicas o religiosas, de todas las condiciones sociales y de las distintas filiaciones políticas, a participar activamente en defensa de la legalidad y de la paz en el proceso electoral.

México DF, junio de 2012

Por la coordinación de la Proclama por el Rescate de la Nación

ACTA DE LA ASAMBLEA POR LA PAZ

Y LA LEGALIDAD ELECTORAL

El sábado 23 de junio de 2012 en las instalaciones de la Universidad Obrera se llevó a cabo la Asamblea por la Paz y la Legalidad Electoral, con la asistencia de 250 representantes de movimientos sociales y organizaciones ciudadanas

Se acordó celebrar una sola plenaria con propuestas que tocaran cualquiera de los siguientes 3 temas: iniciativas de emergencia para la coyuntura electoral; lineamientos estratégicos más allá de la coyuntura y organización de un movimiento de movimientos.

Consensos  generales:

1)    Rechazo al fraude en marcha para impedir una nueva imposición.

2)    Ante las evidencias existentes de la instrumentación del fraude, llamamos a la organización de la resistencia civil pacífica a través de la movilización ciudadana con acciones como el desacato, la desobediencia y la huelga general.

3)    Promoción de asambleas antes, durante  y después  del 1 de julio

4)    Por definir para después aspectos como lo del Congreso Social, Juntas Patrióticas.

5)     Incorporar en las coyuntura electoral temas de género, laborales, campesino indígenas.

6)    Difundir ampliamente la Proclama y el Posicionamiento. Para ambos documentos se seguirán recibiendo firmas. Como observaciones al Posicionamiento se corregirá la referencia a la confianza a las autoridades y la se agregará que la representación de Enrique Peña Nieto es de toda la oligarquía.

Conclusiones y plan de acción:

1.- Vigilancia y movilización desde ya,  para denunciar todas las irregularidades.

2.- Formar comités que sigan los comicios, que tomen fotografías de irregularidades: casas donde se reúnen y organicen la votación, presiones ilegales, etc.

3.- Llamar a votar masivamente con la idea de que es la mejor manera de enfrentar al fraude, y aunque la gran mayoría de la asamblea está por AMLO el llamado queda en términos generales.

4.- Dirigir a la brevedad una carta al IFE Y al TRIFE donde expongamos nuestras razones para hablar de fraude y para emplazarlos a que respeten la legalidad del proceso.

5.- Sobre las movilizaciones: 1) En lo general: asumir las movilizaciones del “yosoy132”; 2) Apoyar las jornadas de movilización el sábado 30 marcha de Tlatelolco a Televisa y de ahí al Zócalo, y velada por la noche. 3) El domingo 1ro. de julio concentración por la tarde noche en todas las plazas públicas.

6.- Poner a discusión las propuestas de coordinación permanente de los movimientos, organizaciones y de los ciudadanos y ciudadanas participantes de este esfuerzo. Por el momento existen dos planteamientos de coordinación que van más allá del primero de julio: la formación de una junta de juntas, expresión de un movimiento de movimientos, llamada junta Patriótica Nacional y la conformación de una Asamblea del Pueblo Mexicano. Al parecer no hay mayor contradicción en ambos proyectos.

7.- Convocatoria a la Asamblea Nacional el sábado 14 de julio a las 10 am en la Universidad Obrera.

8.- Realizar conferencia de prensa para dar a conocer acuerdos y resolutivos de la asamblea.

A los acuerdos anteriores se añaden los puntos siguientes:

1.    Se propone como consigna: “Sufragio efectivo, no imposición”

2.    Reivindicar a los Derechos Humanos y condenar las violaciones a los mismos.

3.    Usar de referencia nuestros derechos constitucionales, en particular los establecidos por el artículo 139 Constitucional.

4.    Posicionamiento público de la Asamblea ante el IFE.

5.    Propuesta de una coordinación única y un solo referente organizativo.

6.    Difundir y promover acciones a nivel internacional en las embajadas y consulados por todo el mundo.

7.    Evitar los infiltrados y las provocaciones.

8.    Contar con grupos de abogados que apoyen en la jornada electoral

9.    Instrumentar un manual sobre las irregularidades y formas de enfrentarlas

Asuntos Generales:

1.    Se solicita la solidaridad de la organización indígena de Veracruz.

2.    Denuncia de acarreo a trabajadores del FSTSE para apoyo a Josefina Vázquez Mota con dos días de asueto.

3.    Información del FNAMUP de su segundo Congreso Nacional: votar por AMLO y solidaridad con los movimientos de resistencia,

4.    Invitación a la reunión Congreso Social los días 14 y 15 de julio en San Luis Potosí.

5.    Denuncia y solidaridad con el pueblo Paraguayo ante la destitución del presidente Fernando Lugo. 

Para dar seguimiento a los acuerdos de esta Asamblea se llevará a cabo una conferencia de prensa en Cencos (Medellín 33 Col. Roma) el próximo jueves 28 de junio a las 10:00 hrs.

El próximo sábado 30 de junio a las 10:00 hrs. tendremos otra reunión para analizar retos y escenarios desde nuestro movimiento en Tacuba 53. Col. Centro.