Por Erandi Villavicencio
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia liberaron de todos los cargos que pesaban sobre los 9 presos de Atenco en el Molino de Flores y los tres compañeros recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Todos son reconocidos como presos injustamente sentenciados. Juzgados de manera indebida, a base de pruebas ficticias y con un ataque institucional de fondo, fueron exonerados de todos los cargos en la sesión por su liberación.
Durante la sesión de argumentos a favor de la liberación de Ignacio del Valle, se ratificó constantemente que el dolo que se le invoca al delito de secuestro equiparado, jamás existió en la situación aludida. Los atenquenses jamás habían premeditado una acción de secuestro, daño o perjuicio a las personas que estaban en la presidencia [municipal] al momento de solicitar realizar la reunión con las autoridades que de improviso, minutos antes de la hora convenida, avisaron de su negativa de atenderlos. Esta situación por la cual fueron después acusados de secuestro estaba totalmente infundada, las pruebas fueron construidas y las cortes manipuladas.
En un acto de sano juicio la Corte definió que no hubo ningún momento de peligro para las vidas de las supuestas víctimas, jamás los tuvieron como rehenes, y no existió en ningún momento delito equiparable al secuestro premeditado y doloso. Cuatro de los cinco ministros aprobaron “liso y llano” el amparo a todos los miembros recluidos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Todas las sentencias que juzgaron a nuestros compatriotas, todos los mensajes de odio que le llegaron a Nacho del Valle por parte de las autoridades, nada coincidía con la realidad, ni con la única intención que era defender el derecho de los pueblos a defender su tierra.
Ellos nunca fueron culpables, no se les hizo ningún favor al dejarlos libres, al contrario, ¿cómo se paga haber sufrido tanto, para ellos dentro de la cárcel, para todas sus familias, y compañeros afuera? ¡¿Cómo?!
La desarticulación social producto del autoritarismo de los gobiernos, sólo puede ser sanada por la búsqueda de la verdad, del pueblo mismo y de las instituciones que aseguran la justicia. La verdad emerge siempre y esa es la única justicia. Según la ley es lícito defender la propiedad en vista de asegurar el bien propio y común, y como tal se reivindica el derecho a la defensa de la tierra, porque es la fuente del bienestar de los pueblos.
Aun faltan los casos de América del Valle y Adán Espinoza, quienes se mantienen como perseguidos políticos, así como las decenas de presos bajo fianza que continúan con procesos penales ilegales.
Queda pendiente también enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades de Texcoco, Atenco y comunidades vecinas, contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y contra La Otra Campaña y las organizaciones que se solidarizaron el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando el gobierno federal panista de Vicente Fox, el estatal priista de Enrique Peña Nieto y el municipal texcocano perredista de Nazario Gutiérrez sitiaron y asaltaron estas comunidades deteniendo, robando, torturando, violando y matando.
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