En esta misma fecha hemos presentado ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sendos escritos en los que se contienen solicitudes de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández, debido a que ellos incurrieron en las graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, durante las discusiones y votación del caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, realizadas en las sesiones del Pleno los días 14, 15 y 16 de junio de 2010.
Estimamos que los servidores públicos imputados deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus respectivos cargos, con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a veinte años, y ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de justicia.
En los escritos que hemos presentado ante la instancia legislativa mencionada, cuyos textos íntegros se encuentra visibles en el portal de internet del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C., http://www.
Ante la Comisión Permanente del Congreso Federal, precisamos que los ministros de referencia tienen responsabilidad conforme a las fracciones I, II Y III del mencionado artículo 109 constitucional, por las razones siguientes:
A) Porque con sus actos y omisiones perjudicaron los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración de justicia;
B) Porque cometieron, al menos, el delito contra la administración de justicia previsto y sancionado por el artículo 225 del Código Penal Federal; y
C) Porque con sus conductas afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus ministerios jurisdiccionales.
Consecuentemente, también les atribuimos responsabilidad por haber violentado el derecho de acceso a la justicia de las victimas del siniestro mencionado, previsto en el artículo 17 constitucional, en lo relacionado a la obligación que tienen de impartir una justicia imparcial.
Asimismo, manifestamos que al acudir ante la Instancia Legislativa, lo hacemos conscientes de que hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado, la justicia en el caso del incendio en la Guardería ABC, y que en el supuesto de no tenerla, seguiremos agotando todas las instancias a nuestro alcance, porque como padres y madres de las víctimas inocentes, no vamos a permitir que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos.
Por todo lo anterior, nuevamente apelamos a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, para que esté pendiente del desarrollo de este nuevo esfuerzo que emprendemos, con la misma convicción que nos ha animado desde el principio, en el sentido de no permitir que el sacrificio de nuestros niños y niñas siga siendo un crimen sin castigo.
Atentamente,
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A.
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