Presentan informe de violencia contra mujeres periodistas
La violencia contra las mujeres periodistas en México se ha incrementado en los dos años recientes. Las reporteras, en su trabajo cotidiano, se enfrentan a los feudos políticos, económicos y del crimen organizado. Los cuestionamientos al poder como parte de su ejercicio periodístico representan un atentado directo para quienes lo ostentan, lo que provoca, en la mayoría de los casos, agresiones que han cobrado la vida de algunas periodistas. Comunicación e información de la Mujer AC (Cimac) presentará su tercer informe: El poder del cacicazgo: violencia contra mujeres periodistas 2014-2015, este 15 de noviembre a las 12 horas en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia. En la presentación participarán las periodistas Gloria Muñoz Ramírez, directora del portal de noticias Desinformémonos; Lydia Cacho, periodista, feminista y defensora de derechos humanos; Maité Azuela, columnista de SinEmbargo; Lucía Lagunes Huerta, directora de Cimac, y Fabiola Barrera González, responsable de Libertad de Expresión y Redes de Periodistas de Cimac.
CIMAC presentó su informe “El poder del cacicazgo”
Se incrementa 70 por ciento la violencia contra mujeres periodistas en 2 años
Se incrementa 70 por ciento la violencia contra mujeres periodistas en 2 años
La violencia contra las mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento durante 2014 y 2015 (147 casos) pero lo más grave es que las agresiones pueden ser perpetradas por servidores públicos, del crimen organizado, empresas privadas o de otros actores.
Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.
“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.
En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.
Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.
Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.
Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.
“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.
En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.
Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.
Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.
Al comentar el informe, la periodista y directora del portal noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.
Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.
La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.
La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.
En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.
La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.
En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.
Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.
La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.
Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.
Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.
Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.
En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.
La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.
Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.
La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.
La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.
En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.
La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.
En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.
Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.
La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.
Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.
Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.
Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.
En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.
La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.
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