¡Fue el Estado!
No es el crimen organizado, sino crimen de Estado, es terrorismo de Estado.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡Fuera Peña Nieto!
¡Nueva asamblea constituyente para acabar con el régimen de la oligarquia neoliberal!
El crimen de Estado cometido en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa ha detonado una crisis política del propio régimen, sobre todo una crisis de legitimidad. Esa crisis ha sido detonada por una amplísima movilización popular condenando el crimen, exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y rechazando las explicaciones y reacomodos habidos en el régimen, señalando la responsabilidad del Estado y la salida de Peña Nieto del gobierno.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa ha sido la gota que ha derramado el vaso de agravios permanentes contra los trabajadores y el pueblo mexicano cometidos por los diferentes gobiernos de la oligarquía neoliberal, pero especialmente el de Peña Nieto, que ha generado, finalmente una respuesta de masas a nivel nacional y con simpatía y solidaridad a nivel internacional.
El gobierno de Peña Nieto, con el apoyo y colaboración de los partidos del Pacto por México, impusieron las reformas neoliberales más brutales, lesivas y reaccionarias, implicando un retroceso histórico con respecto a conquistas sociales, de los trabajadores y la nación como nunca antes. Todo ello en el marco de una ilegítima contra reforma de la Constitución heredada de 1917. Y debido a la docilidad de los partidos por el Pacto por México representados en el Legislativo, el gobierno de Peña Nieto presumía de que lo había logrado con gran consenso y sin importante oposición. Obviamente la imagen era falsa, así como la imagen internacional que pretendía presentarlo como gran modernizador del país, pues sí ha habido muchas luchas de resistencia y oposición contra el neoliberalismo, aunque sin una proyección nacional central sino dispersa y golpeada por separado desde el gobierno. Pero cada golpe y cada contrarreforma venía acumulando, como se ve ahora, una oposición, rechazo, enojo e insatisfacción que finalmente encontró con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa la vía de expresión masiva y nacional como no se había logrado con ninguna de las otras luchas parciales.
Tampoco es casualidad que haya sido precisamente lo de Ayotzinapa lo que representara la gota que derramó el vaso de agravios impuestos al pueblo mexicano. Porque tiene en común con las resistencias habidas contra las reformas energética, laboral, educativa o contra el feminicidio o la resistencia de los pueblos frente a las compañías mineras y lo megaproyectos, etc. lo que todas ellas en un momento u otro han enfrentado que es la represión abierta o disfrazada del régimen. En el caso de Ayotzinapa con una de las formas de represión más brutales e inhumana como es la desaparición forzada de personas que por ello es considerada en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad. Y además de este crimen el hecho de que va asociado, como en muchos otros casos, a la corrupción de las diversas instancias y niveles de gobierno, de cualquiera de los partidos institucionales actualmente reconocidos y de nuevo, en especial de partidos del Pacto por México como el PRI, PAN y PRD por igual.
El gobierno federal, por medio del Procurador Murillo Karam en su informe del día 7, insiste en la pretensión que desde el principio ha guiado las “investigaciones”: presentarlo como un caso solamente local atribuible a un Presidente Municipal corrupto y una esposa ambiciosa y como una expresión del crimen organizado, pretendiendo cerrar el caso diciendo que los 43 están muertos por haber sido asesinados por sicarios del crimen organizado.
La explicación de Murillo Karam es falsa y tiene el interés político de ocultar la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos en Iguala.
No se trata de un mero acto del crimen organizado, sino de un crimen de Estado. Es resultado de una política aplicada desde el Estado por cualquiera de los partidos institucionales, no importa su color, tratándose de partidos como los del Pacto por México, comprometidos con el proyecto neoliberal y ahora con la represión y violación de derechos humanos por medio del terrorismo de Estado como es la práctica de la desaparición forzada de personas. Es una práctica que inició el PRI en los años setentas, la continuó el gobierno panista de Calderón elevando a decenas de miles el número de desaparecidos y ahora con Peña Nieto se continúa aplicando por partidos que le apoyan como el PRD en Iguala y en Guerrero. Como desde la época de los primeros gobiernos del PRI se mantuvo la impunidad en relación al delito de desaparición forzada, las policías de todos los niveles y partidos en el gobierno la realizan como una rutina, como un protocolo sabedores de que no hay sanción ni freno ni castigo. Adicionalmente organismos como la CNDH son inútiles frente a este ascenso de la violencia aumentando la crisis de legitimidad de todas las instituciones del Estado. Al dar la orden de acción a la policía un miserable presidente municipal como el perredista de Iguala identificado como A5, la rutina de represión puede llevar hasta la desaparición forzada o también al asesinato como ocurrió con las 6 personas acribilladas y como las muchas personas encontradas en las fosas clandestinas alrededor de Iguala.
Tienen razón los padres y alumnos de Ayotzinapa al rechazar el informe de Murillo. Cada día se muestran más inconsistencias de su informe y versión de los hechos, sustentados en las confesiones de unos sicarios con un esquema preestablecido que con la tortura afirman lo que el gobierno quiere decir para cerrar el caso: que supuestamente asesinaron a los estudiantes, calcinaron sus cuerpos y que en consecuencia es imposible demostrar la identidad de los mismos por haber sido reducidos a cenizas. Pretenden cerrar el caso afirmando que están muertos y que fueron ejecutados por sicarios del crimen organizado sin más pruebas que las confesiones de esos sicarios obtenidas bajo tortura. En realidad, desde el principio las “investigaciones” se han orientado a buscar cadáveres y fosas y no buscarlos vivos como desaparecidos. Por eso en vez de dirigirse al cuartel militar acantonado en Iguala, muy cerca del lugar de los hechos y con la tradición del ejército –especialmente en Guerrero- de ser los que retuvieron a desaparecidos, el gobierno busca fosas y muertos. Piensan que es un costo político menor decir que fueron asesinados, encarcelar a unos sicarios y al presidente municipal y cerrar el caso para ocultar la responsabilidad del Estado.
Correctamente por eso padres y estudiantes de Ayotzinapa insisten, junto con el movimiento de solidaridad a nivel nacional en que “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”.
Pero al señalar que es un crimen de Estado, como lo es la desaparición forzada que implica la participación en el delito de agentes del Estado a cualquier nivel, (por eso al ex presidente municipal todavía lo están acusando de secuestro o privación ilegal de la libertad –que hacen particulares- y no de desaparición forzada, que es responsabilidad del Estado) entonces es obvio que no basta con el encarcelamiento del Presidente Municipal o la salida del gobernador Ángel Aguirre. Las manifestaciones en todo el país empezaron a decir correctamente “Fue el Estado” y ahora han precisado con el “Fuera Peña”.
El nivel de conciencia sobre la responsabilidad del Estado y la experiencia de estas semanas de movilizaciones gigantescas y extendidas a todo el país, así como las demagógicas y falsas respuestas del gobierno desde Murillo hasta el propio Peña Nieto reunido con los familiares, así como la profundidad de la crisis de legitimidad de las instituciones del Estado, agitadas con nuevos escándalos de corrupción como la Casa Blanca de la esposa de Peña Nieto o la licitación del tren ligero de Querétaro, han colocado por primera vez en la historia reciente el cuestionamiento del régimen político en el punto extremo de Fuera Peña Nieto, es decir de la salida de este gobierno.
Fuera Peña Nieto, va más allá de la propuesta de que renuncie Peña Nieto para que haya elecciones anticipadas. Fuera Peña Nieto es el cuestionamiento del régimen político y sus instituciones. No quiere decir un recambio en el marco del propio sistema como fue la sustitución en Guerrero de Ángel Aguirre por Rogelio Ortega. Independientemente del pasado de Rogelio Ortega, llega a la gubernatura de Guerrero impuesto por Peña Nieto y en colaboración con él (abiertamente lo dijo en Los Pinos:” con el apoyo de usted señor Presidente, yo le entregaré buenas cuentas”). Ortega se debe a Peña Nieto y no al movimiento. Las protestas populares pudieron haber forzado a la salida de Aguirre pero el movimiento no impuso a Rogelio Ortega. La dinámica en Guerrero con protestas que no ceden, toma de muchos ayuntamientos y un movimiento que no reconoce ni dialoga con Ortega apunta a la necesidad de un poder alternativo y a una asamblea constituyente que haga a un lado a las viejas, decadentes y corruptas instituciones del régimen.
La experiencia de Guerrero y la salida de Aguirre debe tomarse en cuenta. Decimos Fuera Peña Nieto, pero no circunscritos a las instituciones actuales, es decir a que renuncie para que se convoque a elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas ¿organizadas por el INE? Elecciones anticipadas ¿para elegir un nuevo Presidente entre los candidatos del PRI, PAN o PRD? Elecciones anticipadas ¿Cómo si todo siguiera igual, como si no hubiera un movimiento surgido después del 26 de septiembre que está cuestionando todas las instituciones? Un movimiento que está diciendo “que se vayan todos”. Un movimiento que dice “Fue el estado”. Un movimiento que dice Fuera Peña Nieto que representa el actual régimen político y todos los agravios cometidos contra trabajadores y el pueblo de México.
Limitarse a pedir elecciones anticipadas en este contexto y en este momento es retroceder en cuanto al nivel de conciencia y movilización alcanzada en estos días. Si cae el gobierno de Peña Nieto más que un presidente sustituto en el marco de las actuales instituciones decadentes, criminales, corruptas y dependiente de los intereses privados imperialistas, se requiere una asamblea constituyente, un nuevo Congreso Constituyente, que redefina las nuevas instituciones y el sentido del cambio radical que implicaría la salida del gobierno de la oligarquía neoliberal y sus partidos. Esta es la posibilidad de un cambio radical, que el giro de la situación política a partir de Ayotzinapa está construyendo.
El problema principal hoy es construir la fuerza política que organice al actual movimiento de solidaridad con Ayotzinapa en la perspectiva de la salida del gobierno de Peña Nieto y la lucha por una asamblea constituyente. La sensibilidad y conciencia de amplios sectores del movimiento de masas ha llegado a esa conclusión. Buena parte del movimiento estudiantil y normalista encabezan este sentimiento, junto con la exigencia de la presentación con vida de los 43. Para lograr, sin embargo, la salida de Peña Nieto se requiere la participación organizada de sectores populares y de trabajadores más allá del movimiento estudiantil. Hay muchos sectores populares y sindicales en lucha y resistencia contra diversos aspectos del neoliberalismo e impulsando sus propias, legítimas y particulares demandas. Ahora se requiere, sin embargo, la unidad en torno a esta perspectiva política que eleva la mira más allá de las causas particulares.
Es posible lograrlo porque los agravios que cada quien enfrenta provienen precisamente de un régimen político que los ha impuesto todos. Un diálogo y acuerdo para lograr esta unidad en el terreno político es necesario y urgente. Como se necesita un amplio y plural acuerdo quizá desde un principio así debe convocarse aunque una oportunidad excepcional para avanzar en esta orientación lo ofrece el Encuentro de Todas las Resistencias de este 20 de noviembre respaldado por la Nueva Central de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y que puede reunir a un conjunto de fuerzas sociales y políticas con gran autoridad política y moral en la lucha y capacidad de convocatoria. Podría ser un primer paso si fuera necesario a una nueva reunión que avance más a unir en la perspectiva política de la salida de Peña Nieto y una nueva Constituyente, manteniendo la fuerza y unidad en torno a la exigencia de la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa.
Es éste un momento de definiciones políticas básicas y aprovechar una oportunidad histórica en la lucha contra el régimen de la oligarquía neoliberal. El gobierno insiste en provocaciones que le permitan salir de la parálisis en que se encuentra para una represión del tamaño como la que sueñan y amenazan los discursos recientes del Secretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos, de Osorio Chong y del propio Peña Nieto. El movimiento no acepta caer en las provocaciones y se mantiene en ascenso, pero hay que actuar rápidamente organizando la salida política democrática a esta crisis, antes de que haya un nuevo cambio en otro sentido. La posibilidad histórica de un cambio está abierta hoy. ¡Hay que avanzar a intentarlo!
19 de noviembre de 2014.
Comisión Ejecutiva Nacional de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)
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