“Son seres humanos, personas como nosotros, personas con muchas capacidades y también con mucho deseo de que gente de las comunidades tenga un estilo de vida más digno, como se dice mucho. Y yo creo que este es el deseo de ellos y de muchos de los que están en las cárceles por esta causa”.
Fidel Zurita García, Párroco del Municipio de San Agustín Loxicha
México. La criminalización que llevó a la cárcel a los siete presos loxichas, acusado de terrorismo, se inscribe en una larga historia de resistencia de los pueblos y de dominación por parte del Estado y los caciques regionales.
La región Loxicha, ubicada en el distrito de Pochutla, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, está compuesta por los municipios de Candelaria Loxicha, San Baltasar Loxicha, San Bartolomé Loxicha, Santa Catarina Loxicha, Magdalena Loxicha y San Agustín Loxicha. Lugar zapoteco, tiene una identidad cultural fuerte que los hombres y mujeres de la región heredaron de sus antepasados, a pesar del dominio que se desarrolló sobre sus tierras: su población muchas veces tuvo que enfrentarse a situaciones de violencia, tanto por la conquista española como por el dominio de caciques, o del mismo gobierno mexicano, lo cual no ha terminado. Así, la lucha por la libertad de sus presos es una entre varias otras, inscritas en su larga historia de resistencia.
Los pobladores de las comunidades loxicha gustan de contar la historia de su nacimiento, cuando, al sufrir la conquista y la colonización de sus pueblos, sus antepasadas se refugiaron en las montañas para refundar sus comunidades y seguir viviendo en paz. Subieron hacia los cerros llevando una imagen del santo patrón San Agustín, con la creencia de que si en un lugar sembraban varias semillas y todas crecían para formar una milpa, éste era el mejor lugar para establecerse. Caminaron y recorrieron los montes hasta que se cumplieron sus creencias. Buscaron un nombre para su recién nacido pueblo: como era un lugar con muchos tejones, le llamaron Loo-mxhiiss, “lugar de los tejones”.
Cuando llegaron los españoles hacia sus montañas, años después, llevaron nuevos cultivos, entre ellos el de la piña. El nombre del pueblo se cambió por Loo-xhiis, “lugar de piñas”, que terminó en su registro oficial ante el Estado como “Loxicha”. En las palabras de las ancianas, así nació el pueblo de San Agustín Loxicha, principal ciudad de la región. Poco a poco, en sus alrededores, crecieron otros pueblos. Hoy existen 72 comunidades en la zona.
La población de la región loxicha está conformada casi en su totalidad por indígenas zapotecos cuya lengua predominante es el zapoteco. Una síntesis de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca [1], señala que en la micro-región “zapoteca-Sierra Sur”1 [2], el 66.4 por ciento de la población de cinco años y más habla alguna lengua indígena. Muchos de ellos no hablan el español, particularmente las mujeres.
Las comunidades de la región se caracterizan por su cultura histórica, que se expresa en sus creencias, costumbres y formas de entender el mundo y de relacionarse con él. Su idioma, heredado de sus abuelas, es una de sus manifestaciones, es parte de una concepción colectiva de la vida, en la cual todos los seres naturales se relacionan como hermanos viviendo en la tierra, considerada madre. Lo mismo sucede con el sol, el padre. De ahí surgen principios que orientan la vida colectiva de la comunidad y se manifiestan de manera muy fuerte en su organización política.
En la organización tradicional de las comunidades, las decisiones se toman en asamblea, la cual designa a una autoridad municipal -cuya tarea es fomentar la creación de las condiciones que permitan la realización de las actividades necesarias para el beneficio del pueblo y la aplicación de sus decisiones. Así, ser autoridad municipal es convertirse en el primer servidor del pueblo, el Mbdam-loo-yee’s, el “Papá del Pueblo”. Si todos los miembros de la comunidad nacen para servirla, no todos aspiran a volverse autoridad. Para ello, se tiene que demostrar, mediante el estudio y la realización de múltiples servicios, la capacidad de serlo. Existen en el pueblo una multitud de cargos con niveles de responsabilidad distintos. El de autoridad municipal es el cargo máximo. Ninguno de ellos cobra un sueldo.
Destacan otras formas de organización histórica, como el tequio y la ayuda mutua, que son también muy importantes en la vida colectiva. El tequio es un trabajo colectivo de todo el pueblo, con carácter obligatorio, cuya meta es realizar una obra común. Puede consistir en trabajos físicos, como la construcción de edificios comunales o la limpia de caminos, pero también en la organización de las fiestas populares.
Álvaro Sebastián Ramírez, uno de los siete presos de la región, declaró en un testimonio escrito durante su encarcelamiento en el Penal de Etla que “es precisamente la forma de trabajo de un individuo para la comunidad, la que le da respetabilidad ante los demás ciudadanos”. En cuanto a la ayuda mutua, es una variación del tequio para obras más chicas e individuales, principalmente a nivel familiar y vecinal. Consiste en pedir apoyo para trabajos tales como la construcción de una casa o la cosecha de una milpa. La agricultura es la actividad económica principal de las comunidades loxicha: su población se dedica masivamente a la agricultura de subsistencia, particularmente del maíz, café, frijol o plátano.
Los pueblos de la región loxicha, pueblos de resistencia
Estos principios y formas de organización de la vida son históricos en los pueblos indígenas. Gracias a ellas, estas comunidades han sobrevivido y sostienen una resistencia de varios siglos, enfrentando las adversidades económicas, culturales y políticas. Como lo explica Álvaro Sebastián, “la resistencia de nuestros pueblos indígenas no es un proceso reciente, sino que data de hace más de 2 mil años y es agravado por la opresión étnica y cultural que fue iniciada con la conquista de los españoles hace 500 años.” Sin embargo, el dominio sobre estos pueblos no se terminó con la Independencia, y en los años recientes, los ataques a su identidad han sido muy fuertes.
En la segunda mitad del siglo XX, varios caciques impusieron su poder en la región. Poco a poco, desarrollaron un modelo de dominación sobre las comunidades para despojarlas de su fuerza de trabajo y de sus recursos naturales. Unas cuantas familias empezaron a explotar a los pobladores, y acapararon sus terrenos y productos mediante la implementación de un sistema de préstamos sobre cosecha con altísimas tasas de interés, y un control fuerte sobre los precios de las mercancías. En este marco, los campesinos empezaron a endeudarse, y como ya no pudieron pagar, muchos vendieron sus pertenencias a los caciques para volverse jornaleros o emigrar a las ciudades para buscar un trabajo.
Además del dominio económico, los caciques impusieron su presencia a nivel político. Impidieron la organización de las asambleas y controlaron a las autoridades municipales, en un ataque de una sola vez a los principios históricos de autogobierno de las comunidades. El caciquismo se basa también en la construcción de un clima de violencia y miedo, con el desarrollo -sobre todo en los años setentas- de grupos de pistoleros que persiguen a los indígenas de las comunidades, saquean milpas y casas, roban ganado, asaltan en las calles, amenazan y violan a las mujeres. En este sentido, en 1982 llegó a la región loxicha “Antorcha Campesina”, grupo paramilitar filial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos estos actores se opusieron a la práctica de las actividades comunitarias tendientes a mantener la colectividad.
Los años de dominación y explotación dejaron a las comunidades de la región en condiciones de gran pobreza. Casi todas carecían de los servicios más elementales como clínicas, agua potable, escuelas, caminos transitables o energía eléctrica. Se registraron altísimos niveles de desnutrición, de muertes por complicaciones de parto o por enfermedades curables para gran parte de la población nacional.
Los habitantes de la región no dejaron a los caciques y pistoleros actuar sin resistencia. A lo largo de los años, se organizaron como pueblo para protestar y demandarle servicios, apoyos y mejores condiciones al gobierno. También armaron varios grupos de auto defensa contra los grupos de pistoleros al servicio de los intereses de los caciques locales. Si bien es cierto que esto ocurrió con grandes manifestaciones de violencia – en San Francisco Loxicha, en aproximadamente 10 años, el conflicto y las masacres dejaron más de 150 muertos–, también permitió a las comunidades loxicha debilitar parte del dominio de los caciques sobre su región.
Entre 1984 y 1986, en el municipio de San Agustín Loxicha la comunidad logró imponer la realización de distintas obras comunitarias. A pesar de los enfrentamientos, el presidente municipal Alberto Antonio Antonio y sus comuneros, por medio de tequio, llevaron a cabo la reconstrucción de su mercado y de su palacio municipal.
1996, principios de la gran represión
El Estado mexicano no permite la profundización de la organización y de la resistencia de las comunidades loxicha. Utilizó el nacimiento de un grupo armado en la región, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), como pretexto para justificar la represión contra los indígenas de la Sierra Sur.
El 28 de agosto de 1996, en la Crucecita, Huatulco, a raíz de un enfrentamiento entre el EPR y diferentes cuerpos de seguridad con un saldo de 16 muertos, el gobierno estatal, encabezado por Diódoro Carrasco Altamirano, impuso la idea de que las autoridades municipales de San Agustín pertenecían al grupo armado y que la población de las agencias de la región era base de apoyo. Este argumento, ampliamente difundido en los medios de comunicación, permitió justificar la represión. Esta dinámica fue acompañada por el gobierno federal, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, que ordenó una movilización del ejército con ayuda de policías federales, estatales y municipales en los estados con presencia del EPR2 [3].
Se multiplicaron las amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, la tortura sistemática y las ejecuciones extrajudiciales. También fueron detenidas más de 150 personas. La mayoría de ellas fueron liberadas, pero aún siguen presas siete. Encarcelados desde hace más de 16 años, el ex-alcalde de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia, el ex-síndico Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José, padecen violaciones sistemáticas a su derechos humanos, políticos y jurídicos.
La represión de 1996 también trajo consigo la militarización y paramilitarización de la zona, que no ha terminado. Desde entonces las comunidades que conforman esta región viven un cerco militar, paramilitar, económico y social. En 1997 se construyó en Miahuatlán de Porfirio Díaz la XLIV Zona Militar, que cuenta con unidad habitacional, campo de entrenamiento y pista de aterrizaje, y tiene influencia en 175 municipios de la Costa, los Valles Centrales, la Sierra Sur y parte de la Mixteca.
Fue inaugurado hace poco el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) n°13 en Mengolí de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, uno de los “centros de exterminio” que son parte de la Iniciativa Mérida [4], impulsada en el país con el “apoyo” de la inteligencia estadounidense. Ahí fueron trasladados recientemente los siete presos loxicha, antes de ser llevados hacia otro CEFERESO en Huimanguillo, Tabasco, en el cual siguen encarcelados.
Se multiplicaron los retenes y los patrullajes como manera de controlar a la población y sus movimientos. El ejército ocupó varias comunidades de la región y estableció bases de operaciones mixtas en distintos municipios, de las cuales permanecen dos ahora. Su presencia es bastante discutida por los habitantes de la zona. El regidor de educación del Municipio de San Agustín afirma que “no hay necesidad de ellos”. Esto no significa que no haya violencia en la región. “El gobierno pone sus bases. ¿Para qué? Para ellos, y que de esta manera se calme la comunidad. Pero la comunidad hasta ahorita no está tranquila”, precisa en entrevista el padre Fidel Zurita García, párroco del municipio de San Agustín Loxicha, quien sentencia: “a pesar de que su presencia, sucedieron asesinatos”.
Ante la pobreza, apoyo verdadero o estrategia de contrainsurgencia
Las difíciles condiciones de vida de los indígenas de la región loxicha se agravaron. La presencia de fuerzas militares y policíacas en la región, así como la represión ejercida contra los habitantes de la zona, alteraron la vida cotidiana de las comunidades. Según la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca3 [5], el 89.7 por ciento de la población de la Sierra Sur vive en situación de pobreza, el 60 por ciento de los cuales se encuentran en situación de extrema pobreza. El padre García afirma que “el sueldo en el campo es de 70 u 80 pesos diarios. Incluso cuando los que tienen la posibilidad de contratar gente para sus terrenos y ven la necesidad que la gente tiene, les ofrecen 50 pesos. Es bajísimo”. En la región, la mayor parte de las familias tiene alrededor de 6 o 7 hijos.
Paradójicamente, los eventos de 1996 también condujeron a una mayor implicación del gobierno en la región. A lo largo de los últimos años, aparecieron centros de salud en la mayoría de los municipios, se amplió el acceso de las comunidades a la electricidad y se construyeron unas carreteras. Surgieron unas preguntas: ¿son apoyos verdaderos los que han sido dirigidos a la región loxicha en los últimos años, o son acciones superficiales que toman un papel de contención social?
El padre García declara que “lo que pasó en 1996 trajo un beneficio grande a este municipio porque los recursos empezaron a fluir”. No obstante, no es el pueblo el que más aprovechó de este cambio. “¿Que mejoró la calidad de vida? No, casi no”, sigue el párroco. “A lo mejor el gobierno destina recursos, pero este dinero pasa por distintos lugares, quienes van diciendo por donde va, por donde sí, por donde no, y por allí se queda. El manejo de los recursos es muy discutido, y yo creo que esto es lo que quieren, que los recursos no lleguen realmente donde tienen que llegar”.
En la comunidad de Loma Bonita, ubicada a unos 30 minutos de San Agustín en camioneta, se encuentra un hospital. Grande y moderno, su construcción empezó hace unos ocho años, con una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos de acuerdo con las autoridades. A pesar de que los trabajos de construcción ya están terminados, aún no funciona. “El hospital lleva ocho años de iniciado, ya está un cien por ciento terminado, pero faltan medicamentos, personal, mobiliario”, explica Miguel Almaraz Ramírez, suplente del presidente municipal de San Agustín.
Llegaron también a las comunidades programas estatales tales como Oportunidades, Procampo, Progresa o Procede, o la oferta de becas, créditos, y promesas de empleo. Sus efectos respeto a un supuesto mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes son muy pocos. El propio gobierno de Oaxaca lo reconoce, cuando, hablando del programa Oportunidades, afirma en su informe que “estas medidas no cambian las causas estructurales de esta condición, pues sus alcances son de corto plazo y no brindan a las familias una verdadera solución para salir de la pobreza por sus propios medios”.4 [6]
El papel de las vías de comunicación también es interesante: después de 1996, fue construida una carretera pavimentada hacia la cabecera municipal de San Agustín Loxicha, la cual sigue su camino cruzando la región hacia el sur. Esta otra porción todavía es de terracería. Para todas las comunidades que no son cruzadas por estas vías, la única forma de moverse sigue siendo caminar por sus veredas chiquitas. Al mirar un poco más la situación, se descubre rápidamente que aun los que tienen acceso a las carreteras caminan. Una primera razón es económica: pocos son los que tienen un carro propio, y el precio del transporte en camioneta no es accesible para muchas familias.
Uno de los hijos del preso Abraham García Ramírez cuenta que para viajar de San Agustín Loxicha hacia la comunidad de su padre, le cobran 25 pesos (vale la pena acordarse del salario promedio en la región). Carmen, una de las hermanas mayores del preso Álvaro Sebastián, tiene otros argumentos. Con su vestido de flores, su sonrisa y sus 71 años, relata que ella siempre se mueve caminando hacia el pueblo: dos horas de ida y dos de vuelta. ¿Por qué? Ella no está acostumbrada a los carros y camiones, les tiene miedo y prefiere seguir a pie. Si una gran parte de la población de Loxicha no usa las carreteras construidas por el gobierno, ¿de qué sirven sino para “tapar el ojo al macho”, y para facilitar el acceso de las mismas autoridades políticas y militares en la región?
Hacia la criminalización de la pobreza y de la lucha social
Todos estos elementos son acompañados por una fuerte propaganda por parte del Estado mexicano y de los medios de comunicación. El caso de los siete hombres que siguen presos es llamativo. A lo largo de los años, sufrieron una fuerte estigmatización que los convirtió, de siete zapotecos loxicha, en siete “terroristas” que representan “un peligro mayor para la sociedad”. Con el uso de la represión y del estigma que les atribuyeron, las autoridades lograron imponer el miedo, dividir y frenar la construcción de movimientos de solidaridad.
Don Leonardo, padre de Justino, acusa que hasta hoy “la comunidad hizo oído sordo” porque “tiene miedo a la represión y a la desaparición”. “Pero tampoco les podemos echar la culpa”, precisa. Lo mismo sucede con la movilización de los pueblos para el mejoramiento de sus condiciones de vida. El padre de San Agustín declara: “Sí, hay descontento. Si tú platicas con la gente y ve que eres una persona de confianza, te habla. Sino mejor se calla, porque es peligroso hablar. De hecho, el mismo silencio de la gente te dice mucho”.
Ante esta situación, las comunidades de la región viven procesos de debilitamiento de su organización y de su tejido social. En una entrevista, el suplente del presidente municipal de San Agustín Loxicha afirma por ejemplo que “el tequio, ahorita (se hace) muy poco”. Señala que en la cabecera casi ya no se usa esta forma de organización ancestral de los pueblos indígenas. En las comunidades todavía se da, pero de manera coyuntural, “en los caminos, para liberar el paso”. Al mismo tiempo, se multiplicaron los casos de migración y desplazamiento: para el padre García, la alternativa que domina entre los habitantes de la región es irse hacia la ciudad de Oaxaca, la costa o el norte.
Es difícil alejar la situación que se vive en la región Loxicha de las estrategias globales que adoptó el Estado mexicano en términos de control social y, en paralelo, de liberalización económica, desde hace décadas, pero sobre todo desde 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio y el surgimiento del EZLN en Chiapas. Desde esta fecha, las políticas gubernamentales se orientaron, junto con la promoción de leyes y programas neoliberales, hacia la persecución de líderes sociales, la desarticulación de organizaciones civiles, campesinas, indígenas, magisteriales, sindicales y todas aquellas que se oponen a la degradación del Estado de derecho y de sus condiciones de vida.
En el contexto chiapaneco, la estrategia fue llamada “Guerra Integral de Desgaste”, la “guerra integral” definida como aquella que “usa elementos militares, políticos, económicos, psicológicos, propagandísticos, sociales y culturales, y busca afectar todos los ámbitos de la vida”. Se completa con la noción de “desgaste”, lo cual tiene como objetivo a largo plazo “cansar a la población civil, base de apoyo, para que deje su lucha”5 [7]. Por mucho, este concepto aparece muy conveniente para analizar también a la situación que se vive en la región loxicha, como en muchas otras partes del país.
Respeto a los presos, la dinámica que desde hace más de 16 años trabaja para deslegitimar, aislar y callarlos se profundiza hoy en día. Con su traslado hacia el CEFERESO seis de Huimanguillo, Tabasco, el Estado da un golpe más a estos siete hombres y sus familiares, haciendo aún más difícil la comunicación entre ellos, pero también hacia fuera. Como lo declara el padre de San Agustín, “(en la región) hay muy poca información. Hace falta que la gente esté informada. Cuando la gente está desinformada, es cuando tiene miedo de hablar, cuando no se exige el respeto de sus derechos”. Es justamente esta falta de comunicación y el silencio que se les quiere imponer lo que rechazan actualmente l@s familiares y solidari@s de los presos zapotecos, organizándose para que salga la información, que se escuche su descontento. Por su lado, el padre García también lleva algo de esperanza cuando, hablando de los habitantes de la región, afirma: “esto es lo que preocupa más ahorita, que nuestros pueblos estén así callados. Pero desde este silencio, son solidarios también”. De ahí, los familiares, amigas y solidarios de los siete indígenas siguen actuando y gritando para que sea reconocida la injusticia que están viviendo sus presos desde hace más de 16 años, revindicando la libertad inmediata e incondicional que se les debe.
1 [8] Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca,
Programa de Desarrollo de la “Microrregión 5, Zapoteca – Sierra Sur” , síntesis ejecutiva 2011-2016, p. 12
2 [9] Salvador Corro, “Operativos militares en casi todo el país: retenes, vuelos de reconocimiento y patrullajes para aplicar ‘toda la fuerza del Estado’ al EPR”, en Proceso, No. 1036, 8 de septiembre de 1996, p.7.
3 [10] Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca,
Programa de Desarrollo de la “Microrregión 5, Zapoteca – Sierra Sur” , síntesis ejecutiva 2011-2016, p. 22
5 [12] Guerra de baja intensidad o guerra integral de desgaste, folleto de la Red de Defensores Comunitarios, San Cristóbal de las Casas, 2003
Publicado el 22 de julio de 2013.
