Marcha por liberación de profesores
Se invita a la marcha que se realizará el martes 28 de mayo a las 10 horas, del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir al gobierno respeto total y absoluto a los derechos humanos y alto a la campaña mediática de estigmatización y descalificación que ha criminalizado la protesta social, así como la escalada de violencia de grupos policiacos oscuros en contra de los luchadores sociales.
Exigimos el desistimiento de la acción penal y la libertad penal y absoluta de los profesores Felipe Rodríguez Aguirre y Jesús Alejandro Rodríguez Nava.
Por el Frente en Defensa de la Educación Pública del estado de México, Leticia Tecla
| 28-03-2013 |
El profesor Felipe Rodríguez Aguirre, preso político de UPREZ y Morena
El gobierno federal de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, al estilo del viejo Partido Revolucionario Institucional, criminalizan la protesta social, reprimen los liderazgos populares y permiten el libre accionar de bandas de golpeadores y porros de la llamada Antorcha Popular, especializada en agredir a colonos, vendedores ambulantes y otros núcleos que buscan organizarse de manera autónoma y no bajo el cobijo de grupos priistas. De esta manera, se han desenvuelto en forma rápida la represión ilegal del 1 de diciembre de 2012 y otros actos violentos del comprador de la Presidencia de la República y los gobiernos locales tricolores.
El pasado 21 de marzo una partida armada de alrededor de diez elementos no identificados, en automotores privados y carentes de placas, detuvo al profesor Felipe Rodríguez Aguirre, líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, ex diputado federal, luchador por la educación del pueblo y consejero estatal y nacional del Movimiento Regeneración Nacional. La detención tuvo lugar en la autopista México-Toluca, en tanto marchaban como 500 personas hacia el centro de Toluca para manifestarse frente al Palacio de Gobierno. Tiempo después, fue presentado en unión de Miguel Ángel López R. y Jesús Rodríguez Nava en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, acusado de ataques a las vías generales de comunicación y asociación delictuosa con el agravante de pandillerismo. La violación de la Constitución General de la República y otras leyes fue manifiesta: las detenciones se efectuaron sin orden de aprehensión y se les mantuvo incomunicados durante más de cuatro horas.
Con una lógica propia de Augusto Pinochet, el gobierno de la entidad mexiquense explicaba la detención en los siguientes términos: “Toluca, México, 21 de marzo de 2013.- En consecuencia de los bloqueos a la autopista México-Toluca, ocasionados los últimos días por integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y previas denuncias presentadas por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, este día fue detenido en flagrancia Felipe Rodríguez Aguirre, líder de dicha organización, así como otra persona de nombre Jesús Alejandro Rodríguez Nava.
“Cabe señalar que, además del daño a la libre circulación por dicha vialidad, los bloqueos causaron graves afectaciones en perjuicio de los conductores y de miles de personas en sus actividades laborales, comerciales y personales.
“Por lo tanto, se espera que se apliquen las sanciones que la ley prevé para evitar que en lo sucesivo la gente que cumple con sus obligaciones cotidianas, respetando el estado de derecho, se vea afectada por este tipo de conductas que, pretextando la exigencia de diversas demandas sociales, violan invariablemente los derechos de libre tránsito de terceras personas”.
El maestro Miguel Ángel López R., director de la Escuela Preparatoria Ricardo Flores Magón, también fue aprehendido horas más tarde.
La respuesta ante el atropello fue inmediata, tanto de la UPREZ y MORENA, como de la Sección Mexicana de la Coalición en Defensa de la Educación Pública, Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Partido Comunista de México, Izquierda Democrática Popular, Central Unitaria de Trabajadores, Comité 68, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística,Barzón Ciudad de México, Unión de Colonias Populares, Foro Permanente de Mujeres y otras organizaciones sociales y políticas.
Para responder a la represión contra el liderato de la UPREZ se pusieron en huelga de hambre varios cientos de ciudadanos frente a Palacio Nacional, y entre las acciones desarrolladas en defensa de Felipe Rodríguez Aguirre están marchas en la Secretaría de Gobernación, plantones y mítines en Toluca, y otras acciones de masas, además de las conferencias de prensa de los partidos de izquierda en la Cámara de Diputados y cartas, desplegados y declaraciones de diversas organizaciones democráticas y avanzadas.
El priato mexiquense tiene expresiones grotescas, por lo que el balance de la administración priista de Eruviel Ávila Villegas es negativo. Entre sus logros está, en poco más de un año, conseguir que el Estado de México ocupe “el primer lugar en crímenes, como el asesinato, el secuestro, la extorsión, el robo a vehículos, robo a transeúntes, asalto a comercios y ahora, la modalidad a cargo de ‘La Familia’ michoacana, el cobro del derecho de piso”, de acuerdo con el periodista José G. Muñoz García.
El crimen organizado y el narcotráfico sientan sus reales en poblaciones tan importantes como Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Texcoco y toda la zona conurbada.
Según el mismo comunicador: “Tienen que pagar narcoimpuestos los comerciantes, los taxistas, los concesionarios de transporte público, las escuelas privadas, las pequeñas industrias, los consultorios médicos, las clínicas privadas, los hoteleros, los dueños de antros, los restaurantes que no venden alcohol, los profesionales independientes y Eruviel ni por enterado se da. Está claro que la operatividad de ‘La Familia’ es fluida gracias a la permisividad de las autoridades. Ningún delincuente goza de impunidad si no cuenta con la aquiescencia de algún poderoso”.
Paralelamente a la irrupción masiva del crimen organizado y el narcotráfico en la entidad más industrializada del país, la utilización de organizaciones gangsteriles como Antorcha popular, dirigida por Aquiles Córdova Morán, se extiende en forma peligrosa. En realidad, este grupo de choque es utilizado por el PRI en Guerrero y otros estados de la República para deshacerse de fuerzas democráticas y de izquierda. Sus servicios se prestan al mejor postor.
En tales condiciones, la lucha de Felipe Rodríguez Aguirre y la UPREZ es una lucha importante del pueblo mexiquense, que incluye un pliego petitorio para las 80 escuelas que han impulsado y demandas campesinas de muchas comunidades. Se pelea por el reconocimiento de 10 escuelas preparatorias, la construcción de aulas, el pago a profesores y la desocupación de la colonia Lomas del Parque, de Tultitlán, invadida por golpeadores de Antorcha Popular, conocidos militantes del PRI y vinculados al gobernador Eruviel Ávila Villegas.
No se equivoca MORENA al plantear: “La detención arbitraria del luchador social Felipe Rodríguez Aguirre es una grave afrenta a las libertades democráticas y exhibe, de manera nítida, el regreso de las más deleznables prácticas autoritarias del priismo. También representa la continuidad de la vocación represiva mostrada por Peña Nieto en Atenco, lo que resulta intolerable en una sociedad que se rige por principios democráticos.
“La lucha por la liberación del dirigente de la UPREZ en el Estado de México es la lucha por evitar que los halcones vuelvan a sembrar el terror político en México. Por eso exigimos su liberación inmediata y el respeto a las garantías y libertades contenidas en nuestra Constitución.
“Rechazamos tajantemente la criminalización de la protesta social así como el uso de la represión para dirimir conflictos políticos”.
Crear escuelas, demandar la construcción de aulas, exigir el pago regular a los maestros y luchar contra los actos violentos y criminales de Antorcha Popular no constituyen delitos. Al contrario, es fortalecer la convivencia ciudadana. Sólo gobiernos del partido de Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León pueden considerar que se delinque levantando en alto las reivindicaciones de las masas. Son otros los que deberían estar en prisión: los represores de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Atenco y el resto de masacres de los cuerpos policíacos, el Ejército y los paramilitares priistas y panistas.
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