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10 de Diciembre: Los Derechos Humanos Ante el Terrorismo de Estado
Lo que hoy conocemos como derechos humanos son el resultado de la constante lucha de los desposeídos de toda riqueza social contra las clases opresoras: amos, aristócratas, terratenientes, burgueses, oligarcas. Estas constantes luchas expresadas en diferentes formas, que lleva implícita el carácter de clase: luchas de independencia, guerras civiles, rebeliones y alzamientos populares han determinado las características de los derechos humanos contemporáneos, siendo en el siglo XX donde toman sus matices actuales, en el contexto de una lucha abierta entre el campo socialista y el bloque capitalista.
Es decir, los derechos humanos no han sido concesión de ningún grupo de poder ni del Estado, han sido arrancados mediante siglos de lucha de hombres y mujeres que ofrendaron su vida por mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
Precisamente en nuestra Constitución Política en el apartado sobre las garantías individuales, son los derechos humanos conquistados por las luchas del pueblo mexicano en la guerra de independencia, las de Reforma y la Revolución Mexicana.
A pesar de los postulados constitucionales y haber firmado acuerdos en materia de derechos humanos en la legislación internacional, en México, el gobierno fascista del ilegítimo Felipe Calderón continúa con su política de terror en contra de la población, lo cual contraviene los pactos y tratados internacionales firmados y ratificados por este gobierno.
La imposición imperialista del Plan Mérida que es una copia fiel del Plan Colombia, es un ejemplo claro de como los representantes de la oligarquía mexicana (llámese presidentes de la república) se arrodillan a los pies del imperialismo y desarrolla una limpieza social, asesinado a los defensores de los derechos humanos para callar la voz y la denuncia contra el terrorismo de Estado; instrumentan los escuadrones de la muerte salidos de las filas del ejército y diferentes cuerpos policiacos seleccionados como los más enfermos mentales psicópatas para que de esta manera no manchar la de por sí mala imagen del ejército.
Desde el enquistamiento de la ultraderecha en el poder hemos denunciado el carácter fascista del Estado que se confirma con el informe de Human Rights Watch “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dice: “En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.
De acuerdo con la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea, “sesenta y tres defensores de derechos humanos y luchadores sociales han sido asesinados en México en el contexto de la supuesta “guerra” contra las drogas. Seis de estos homicidios ocurrieron entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011; de estos últimos, dos fueron repudiados hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, entre ellos está el de la defensora de los derechos humanos Josefina Reyes Salazar y sus hijos, el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, sumándose a esta indignante cifra el reciente asesinato de Trinidad de la Cruz, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Michoacán, el asesinato de la actriz Julia Marichal, el intento de asesinato de la defensora de los derechos humanos Norma Andrade, y amenazas de muerte para su familia, fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, en Chihuahua; y la desaparición del presidente de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), Marcial Bautista Valle, y la asesora de esa organización, Eva Alarcón Ortiz.
Retomando el Informe Sobre la Desaparición Forzada en México 2011, trabajo coordinado por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, concluye que de acuerdo “a cifras oficiales, hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas que en un estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32 entidades federativas de la República, esto es, el 53.12% del total, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.
Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1,000% entre 2006 y 2009; el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de cuyo total alrededor del 13% se referían a desaparición forzada de personas. De diciembre de 2006 a finales de 2010, el propio Gobierno Federal contabilizó un número de 34 mil 612 ejecuciones en el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.
Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.” Más de 5 mil casos de desaparición forzada reconocidos y documentados como es el de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruíz, las comunicadoras indígenas triquis Daniela y Virginia Ortíz, así como el de Pazos se suman a la larga lista de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y pueblo en general que ha sido víctima de las políticas de terror del Estado mexicano.
Esto es la aplicación del terrorismo de Estado, ejecutando una limpieza social mediante la estrategia de militarizar el territorio nacional y la creación de grupos paramilitares en comunidades rurales y urbanas. Misma que se legaliza con la reforma de Seguridad Nacional, so pretexto de la supuesta existencia de “un enemigo interno”, expresado en la “delincuencia organizada”. Que a fuerza de repetirse en los medios de comunicación se pretende hacer parte de la conciencia colectiva, pretendiendo con ello justificar los crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado.
En contraste, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informa que en 2010, 36.3% de mexicanos se encontraban en la pobreza y el 13.3% de la población es indigente, donde para estos tiempos la pobreza sobrepasa en un 90% de la población total y de ésta más del 50 % padece la miseria. Hay que agregar que el censo de población del INEGI del 2010 reporta 12 millones de jóvenes que NI estudian NI trabajan, mal llamados NINIS; esto quiere decir, que las políticas públicas en materia económica del Estado mexicano son un fracaso ante las necesidades básicas del pueblo trabajador. Lo cual evidencia que el aspecto policiaco-militar se convierte en prioridad para la oligarquía representada por el gobierno de Calderón, que bajo el discurso de los derechos humanos, se oculta la violación de los derechos y abusos de poder, culpando como enemigo de la oligarquía al pueblo trabajador.
Este 10 de diciembre nos conmina a seguir luchando, a seguir organizándonos, a seguir construyendo la unidad entre las organizaciones y pueblo en general con el objetivo de transformación profunda de la sociedad.
¡¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desparecidos!!
¡¡Libertad a Todos los Presos Políticos y de Conciencia del País!!
¡¡Desmilitarización y Desparamilitarización del País!!
Combativamente
Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS
10 de diciembre de 2011
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO-PUEBLA
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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
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