Retroceso social, el despido en LFC: juristas

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, expresa: El hecho de disolver una empresa pública de servicio vital para cualquier país –como la electricidad– y despedir a 44 mil trabajadores utilizando la fuerza es un abuso de poder que violenta la convivencia social. En el caso mexicano representa un retroceso histórico, al violentarse el artículo 123 de la Constitución que durante muchas décadas fue ejemplo a imitar en el constitucionalismo social de América Latina y el mundo.

Llama la atención que en estos tiempos de profunda crisis económica global y la quiebra de instituciones financieras y de empresas, gobiernos de otros países han rescatado estas empresas, con miles de millones de dólares del erario. Disolver una empresa pública simbólica justifica la pregunta de muchos mexicanos: ¿qué hay detrás del decreto de Calderón?

Esta brutal agresión a la clase trabajadora mexicana trasciende fronteras, porque se afectan derechos internacionales con plena vigencia en el ordenamiento interno de cada país, como el derecho al trabajo, al empleo estable y digno; la prohibición de los despidos arbitrarios y sin causa; la seguridad social; el derecho humano a un proyecto de vida; la integridad y dignidad de los trabajadores, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se vulneran las garantías consagradas en la Organización Internacional del Trabajo de empleo y libertad sindical.

Por lo anterior, la AAJ expresa solidaridad con los 44 mil trabajadores afectados y exige del gobierno mexicano la restitución de los derechos laborales y la revisión de la liquidación de la empresa.

Por la AAJ, Beinusz Szmukler y Vanessa Ramos