Un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la propuesta de exhortar a la Procuraduría General de la República para que dentro del ámbito de sus competencias y facultades, realice todos y cada uno de los actos tendientes a la liberación de Salgado García.
En un segundo punto, exhortan al Gobierno del Estado de Guerrero para que por su conducto instruya a todas las dependencias involucradas, incluída la Fiscalía General del Estado para que igualmente realicen los actos que generen la inmediata liberación de la líder comunitaria de Olinalá.
El tercer punto solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga a fin de determinar si existe violación a los derechos humanos tanto en la detención como en el proceso seguido contra Salgado y otros (existen más policías comunitarios indígenas presos por los cargos que a la dirigente le imputan).
Olivares Pinal que proviene del movimiento urbano popular, específicamente del Frente Popular Francisco Villa, presentó en septiembre un punto de acuerdo relacionado a Guerrero, en el cual demandó protestar enérgicamente por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El actual exhortó propuesto por la diputada se une a las diversas demandas y exigencias que personas del ámbito activista, político y social así como decenas de organizaciones y sociedad civil han emitido al gobierno Federal y Estatal de Guerrero para buscar la liberación de Nestora Salgado García y policías comunitarios presos desde hace más de dos años, acusados principalmente del delito de secuestro.
A pesar de la opacidad con que ex funcionarios del gobierno de Guerrero actuaron en torno a la situación de inseguridad que vivió el municipio de Olinalá, incluídos el propio gobernador y ex procuradores, así como la posterior violación al debido proceso en la detención de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) que vincula también a cuerpos federales, no existe una respuesta contundente al caso.
Un ejemplo es que días antes de la salida del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, l3 senadores y la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” le enviaron una carta que incluyó llamamientos a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero Lambertina Galeana, a la diputada local Flor Añorve de la Comisión de Gobierno, así como al fiscal Miguel Ángel Godínez para actuar respetando los derechos humanos promoviendo los recursos necesarios para la libertad de Salgado García, sin obtener resultados favorables.
Ortega Martínez aún como gobernador comentó en una plática informal que, “hay que decirlo, el encarcelamiento de Nestora es una venganza de Aguirre Rivero, sin embargo también a nivel federal existen diversas trabas para su liberación”.
La propuesta de la diputada incluyó un contexto de la situación que vive Guerrero, en la cual señaló entro otros puntos que, “derivado de la creciente inseguridad e incremento de grupos del crimen organizado, los ciudadanos de distintos estados entre ellos Guerrero, crearon las Policías Comunitarias, con la finalidad de garantizar en primera instancia la seguridad de sus familias, así como la de su comunidad en general; este fenómeno retoma fuerza en zonas donde existe un mayor número de violación a los derechos humanos y por supuesto, una indebida militarización propiciada por el gobierno”.
Recordó también que “la Policía Comunitaria, tuvo su origen en 1995 en la Montaña-Costa Chica de Guerrero, en el estado donde ocurrieron desapariciones forzadas como la de Rosendo Radilla, las violaciones perpetradas por militares contra dos indígenas, el asesinato de varios luchadores sociales y en fechas recientes, la brutal injusticia de la detención de Nestora Salgado y varios de sus compañeros de la Policía Comunitaria”.
El documento, del cual se tiene una copia, relata brevemente la situación de Nestora Salgado, mujer de origen indígena, madre de tres mujeres que obtuvo la ciudadanía estadunidense después de migrar y trabajar por varios años en aquella nación.
Menciona también a “Guerrero como uno de los estados más maltratados y vulnerados, pues la inseguridad se deriva del incremento excepcional del narcotráfico auspiciada por la clase política mexicana, así como la descomposición social, por ello es que mujeres como Nestora decidieron quedarse a organizar las Policías Comunitarias, que con agallas fueron parte fundamental para denunciar y desenmascarar la confabulación de las autoridades locales con el narcotráfico y exhibieron las amenazas que los socios de esos políticos corruptos hacen a los empresarios locales para que se retiren de la venta de materiales y mercancías, con el fin de acaparar el mercado”.
En el planteamiento del problema, se relata como punto nodal para la detención de Salgado García la detención del síndico procurador de Olinalá Armando Patrón Jiménez al ser sorprendido robando evidencia de un homicidio el 16 de agosto de 2013. Salgado García sería detenida el 21 de agosto en un impresionante operativo de efectivos de la Marina, Ejército, Policía Estatal y Municipal, trasladada a un penal de máxima seguridad en Nayarit.
Para la diputada, existe una grave violación a los derechos humanos, garantías individuales y normas al debido proceso en agravio de Nestora Salgado y sus compañeros.
El pasado nueve de noviembre, la embajada de Los Estados Unidos de América, promovió una reunión entre Hugo Rodríguez, cónsul de la Embajada General y Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero, donde, entre otros temas, se trató el asunto del indebido encarcelamiento y proceso de Nestora Salgado, aunque según diarios estatales, la respuesta del gobernador fue tibia.
Dentro de la indebida privación a su libertad, Nestora efectuó una huelga de hambre de aproximadamente 25 días, con el objeto de generar mejores condiciones para sus compañeros de causa, mismos que ante esta petición fueron trasladados a penales en el propio estado de Guerrero.
En tanto, la Agencia de Noticias Guerrero, informa en su portal este día que una mujer fue sacada de su domicilio en Chilpancingo y asesinada de un balazo en su cabeza. En Chilapa, municipio colindante a Olinalá, cuatro personas fueron asesinadas, tres de ellas mujeres indígenas, en el propio Olinalá, en la comunidad de Zumpango, un comisario municipal fue asesinado tardándose las autoridades ministerial en llegar al lugar de los hechos más de 24 horas. Además de una serie de hechos de violencia que enmarcan la situación de inseguridad que ha prevalecido en el estado.
