Censura social, respuesta de Calderón a demanda en corte internacional: Ombudsman del DF
Familiares de víctimas de la violencia tienen derecho a la verdad. Defensa de ddhh no obstaculiza procuración de justicia, coadyuva. Son las violaciones a esos derechos las que generan impunidad.
Javier Hernández Alpízar
Las personas que demandaron penalmente a Felipe Calderón y al crimen organizado, ante la Corte Penal Internacional de la Haya, están en su derecho; es la corte quien debe decidir si la demanda procede o no. El gobierno federal, lo que debió hacer es plantear su defensa jurídica, en caso de que la demanda sea aceptada, pero querer proceder legalmente contra sus demandantes "no es la estrategia adecuada", pues se envía un mensaje "desafortunado de censura social", opinó Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al final de su conferencia "Educación y derechos humanos", en el marco del 125 aniversario de la benemérita Escuela Normal Veracruzana.
Preguntado acerca de la reacción del gobierno federal ante la demanda internacional contra Calderón, expresó:
– Lo que pienso es que la posibilidad de recurrir a una instancia internacional es un derecho de todas y de todos. Esa instancia internacional es la que debe decidir si procede o no procede la demanda. Y punto. Lo contrario equivaldría a que una persona que va a denunciar un delito, pues tenga que ser amenazada o sancionada por haber ido a denunciar, lo cual es su derecho. Si el delito se cometió o no, lo determina una autoridad. En este caso, lo que en mi opinión debió haber ocurrido es que el gobierno federal debió plantear los criterios de su defensa jurídica ante la instancia correspondiente, en el caso de haber sido admitida la demanda. De lo contrario, el mensaje que se envía no es muy afortunado; es un poco como de censura social. Hay que tener en cuenta que lo está haciendo el Estado frente a un grupo de ciudadanos. Sí, la estrategia no es la adecuada.
Le preguntamos si es preocupante que crezca la opinión en sectores de la sociedad de que los derechos humanos "estorban" al combate a la delincuencia, o que un delincuente no debería tener derechos humanos, y respondió:
– Es el pendiente que tenemos en la sociedad, que la gente se dé cuenta de que, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un conjunto de normas que nos protegen a todas y a todos, independientemente de si participamos o no de la delincuencia. La protección de derechos humanos no obstaculiza en absoluto la impartición o la procuración de justicia, al contrario, coadyuva. Las violaciones a derechos humanos son las que obstaculizan que la justicia llegue a buen fin, es decir, son las violaciones a derechos humanos las que generan impunidad, no la intervención de las comisiones de derechos humanos, como a veces se piensa.
Respecto a los casos recientes en que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado mexicano ha sido condenado por violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada por el ejército de Rosendo Radilla en Guerrero y la negligencia en esclarecer los feminicidios del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los cuales los familiares de las víctimas han estado inconformes con el cumplimiento de las sentencias, especialmente con el acto de pedir disculpas públicamente el Estado, González Plascencia explicó:
– Un presupuesto fundamental de la reparación del daño consiste en que ésta tiene que realizarse de común acuerdo con las víctimas, porque es a ellas a quienes se les repara, entonces no hay reparación posible si la víctima no está de acuerdo. Efectivamente, sabemos que ha habido un par de actos en que se ha intentado cumplir con la sentencia, desafortunadamente, sin las víctimas. Ahí lo que hemos hecho es un llamado al gobierno federal para que reconsidere, se comunique con las víctimas, y para que puedan realizar estos actos de manera que sean realmente resarcitorios.
En lo que se refiere al acto de disculpas públicas, lo necesario es que se comunicara nuevamente con la familia Radilla, con la señora Tita Radilla y la organización que ella representa, y que convinieran una nueva fecha para realizar el acto y que se repitiera con presencia de los familiares del señor Radilla.
Creemos que es posible que se cumpla con la sentencia. De hecho es una obligación para el Estado mexicano y la tiene que cumplir. En estos casos, en que el cumplimiento no ha sido satisfactorio, desde la perspectiva de las víctimas, se tiene que construir las condiciones necesarias para que se entable una nueva comunicación con las víctimas, se pongan de acuerdo y el acto se realice nuevamente. Es una parte que le cuesta mucho trabajo al Estado entender, que el daño se le hizo a personas concretas y es a ellas a quienes hay que resarcir.
A pregunta de una reportera, contestó que la condena es contra el estado, y no contra la administración o el gobierno en turno, por lo que debe asumirla como Estado:
– En materia de derechos humanos, las responsabilidades no son subjetivas, sino objetivas, qué quiere decir esto, que no le corresponden a sujetos específicos, sino a las instituciones. Entonces, no importa si este hecho ocurrió en un momento en el que era gobernado por otra fuerza política, el Estado mexicano que es condenado es el mismo. Eso lo que significa es que deberían asumir, las actuales autoridades, esos hechos.
– Es profundamente lamentable que este tipo de circunstancias sigan ocurriendo. Es un tema de preocupación por lo que están viviendo los veracruzanos en este momento. Lo que esperamos es que el operativo del gobierno federal dé resultados, y que las autoridades locales también cumplan con su responsabilidad.
Respecto a los reclamos de familiares de víctimas sobre la injusticia contra sus difuntos, explicó:
– Es importante plantear que cuando hay personas que pierden la vida, no debemos perder de vista que queda en un segundo plano si participaban o no en actividades delictivas. Por otra parte, cuando existe evidencia de que algunas personas que pierden la vida fueron víctimas directas de la delincuencia en días anteriores, como se había comentado, víctimas de levantones, también es importante que el Estado haga la investigación correspondiente y determine si efectivamente así fue, con la finalidad de que quede claro que estamos hablando en esos casos de víctimas de la delincuencia.
Respecto a la tendencia a cerrar los casos en lugar de investigar y determinar si se trata o no de delincuentes, expresó que los deudos tienen derecho a saber la verdad:
– El derecho a la verdad, es también un derecho fundamental. Y también se cubre a partir de estas investigaciones, es decir, no solamente están destinadas a establecer la responsabilidad penal de quien haya cometido los hechos, sino a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron, para que los deudos, los familiares, tengan certeza de qué fue lo que pasó.
La conferencia ante maestros y estudiantes de la Normal Veracruzana consistió en una explicación de cómo se entienden actualmente los derechos humanos y la importancia de que se conviertan no en un tema o una materia de la currícula, sino que estén presentes transversalmente en todos los contenidos, y sobre todo, en la relación entre autoridades, maestras, maestros y estudiantes, por ejemplo: respecto al acoso escolar ("bullying"), se precisa una estrategia que resuelva de fondo el problema y no solamente divida a estudiantes en los buenos y los malos, para promover el castigo, como pasa en el país, fuera de las aulas. En ambos casos, escuelas y país, falta promover y construir una cultura de la paz y de la resolución pacífica de los conflictos.
