Carta Abierta del Comité 68 a Javier Sicilia

Carta Abierta del Comité 68 a Javier Sicilia

De Guerra contra las Drogas

a Guerra contra los Jóvenes

C. Javier Sicilia

Compañero:

El propósito de esta Carta Abierta es refrendar nuestro compromiso solidario con la iniciativa de movilización social para reclamar el cese de la violencia de la manera en que la estás conduciendo, y también para considerar y potenciar tu participación y buenos oficios para avanzar en un reclamo político generalizado respecto a la necesidad de unificar las estrategias y acciones de la sociedad en los asuntos de Seguridad y Justicia. En otras palabras, te solicitamos incluir en tus iniciativas y propuestas, al menos en calidad de alternativas, las propuestas que aquí esbozamos, que no son las únicas, pero sí las que en estas circunstancias consideramos las más pertinentes. Para estos efectos adelantamos las siguientes consideraciones:

A pesar de haber sido desatada desde hace seis años la Guerra contra las drogas, a pesar de miles de muertos registrados y de decenas de miles de presos y detenidos acusados de delitos contra la salud, a pesar de decenas de operativos políticos contra autoridades municipales y estatales en entidades del país, contra instancias gubernamentales y de acciones de violencia contra funcionarios en lo individual, de incidentes fronterizos, de ataques a oficinas consulares, y agentes extranjeros; la guerra no sólo no termina, no cesa, sino que se está extendiendo y transformando peligrosamente en una guerra contra los jóvenes en general.

Observamos cada vez con mayores evidencias que se han estado encubriendo como problemas de seguridad pública, (secuestros, robos, asesinatos) políticas y acciones relativas a la seguridad nacional de Estados Unidos con el eufemismo de la seguridad conjunta de ambos países. Los instrumentos y compromisos del maridaje entre ambos gobiernos son exactamente la Iniciativa Mérida, el ASPAN, y la re funcionalización y reconceptualización de la Policía Federal según el modelo de la Ley Patriótica de los Estados Unidos, implementada en México por el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Para decirlo crudamente, el problema principal de la violencia ha sido que los diferentes partícipes y actores nacionales de esta problemática hemos sido involucrados, arrastrados, y en varios casos manipulados, en mayor o menor grado, en una serie de acciones de violencia, en una guerra, cuyos propósitos no son los que se han declarado y reconocido, sino otros distintos, que corresponden a los intereses de Estados Unidos. En efecto, México no es, como se ha pretendido, un Estado fallido, sino un Estado intervenido a tal grado que está perdiendo aceleradamente su condición de independencia y verdadera soberanía. De lo señalado abundan evidencias en los casos del operativo “Rápido y Furioso”, de la renuncia del embajador norteamericano Carlos Pascual, y hasta de las semejanzas de operaciones encubiertas norteamericanas en Libia y en el asesinato cínicamente admitido de Osama Bin Laden.

Los “diagnósticos” oficiales (Alejandro Poiré y analistas diversos), no explican de manera convincente lo que está sucediendo y en cambio apuntan a involucrar en más acciones de violencia a nuevos sectores y segmentos de la juventud.

Las masacres de migrantes no tienen explicación en la teoría de las “bandas de narcos” enfrentados por el control de plazas y rutas de tráfico de drogas.

Los feminicidios en la frontera y en el resto del país, tampoco se han podido explicar de esa manera.

Los sangrientos ataques a grupos de jóvenes en sus propias escuelas, espacios domiciliarios o de recreación, fiestas o campos deportivos, no se pueden explicar por pugnas entre “narcomenudistas”.

Los discursos de falsa preocupación por la situación de los “Ninis”, en cambio, más parecen justificaciones sociológicas o adelantadas de más violencia anti juvenil.

Los problemas de la juventud y la política del gobierno

Desde otro punto de vista, todos sabemos y estamos de acuerdo en que para millones de jóvenes mexicanos, para todos ellos, sus problemas verdaderamente sustanciales presentes y futuros son:

Las carencias de Educación (adecuada y oportuna), las mínimas o nulas posibilidades de Empleo (digno, seguro y bien remunerado, presentes y futuras) y el deterioro de condiciones e instituciones capaces de brindar un mínimo requerido de seguridad integral (fundamentales para sustentar una realista confianza en el futuro).

Ante este panorama es urgente la movilización de la sociedad entera para impulsar y establecer acciones y políticas que reviertan el proceso de violencia y degradación social que se está viviendo. Sabemos que la reconstrucción de un ambiente político, económico y social positivo puede llevarse varios años de esfuerzos sostenidos, y que las medidas conducentes a ese objetivo, vistas de manera aislada pueden ser notoriamente insuficientes, pero todas las propuestas de medidas para arribar a ese fin, deben de implementarse de inmediato.

Con esos propósitos, proponemos al Estado Mexicano, en todos sus poderes y niveles, y a los poderes fácticos, económicos, de medios de comunicación, de iglesias y de organizaciones políticas y sociales, impulsar de inmediato las siguientes medidas que vienen a constituir un programa de acciones de la sociedad:

· Apertura total a la matrícula demandada en todas las escuelas de enseñanza media y superior (Programa Nacional de Rechazados Cero), utilización intensiva de las instalaciones, restablecimiento de turnos vespertinos y nocturnos, programas de financiamiento al gasto corriente de los establecimientos educativos, reconocimiento oficial a los estudios realizados.

· Programas nacionales con el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Reducción de la jornada legal de trabajo, con aplicaciones inmediatas en sectores sujetos a sobreexplotación laboral, mineros, conductores y choferes de medios automotores, cancelación de los programas de doble jornada (Carrera magisterial de doble turno) y desdoblamiento de plazas. Obligatoriedad de seguridad social y prestaciones en todas las empresas, en particular aquellas que trabajan bajo el esquema de subcontrataciones.

· Medidas legales para disponer y dar utilización productiva a bienes inmuebles desocupados, intestados y/o subutilizados al extremo como son las residencias vacacionales de súper lujo, que rara vez se utilizan más de dos semanas al año, para destinarlos a empresas cooperativas, como clínicas, laboratorios, institutos, escuelas, cocinas o restaurantes populares, etc. Las rentas estratosféricas de locales son el principal obstáculo para la viabilidad de miles de actividades económicas posibles y una fuente de inflación.

· Amnistía y liberación inmediata de todos los presos procesados por delitos contra la salud, que no estén acusados de delitos graves, mediante un procedimiento de aval social consistente en un cierto número de firmas de vecinos declarando simplemente que se conoce a la persona que reclama ser amnistiada. (Se estima que pueden ser liberados más de cien mil presos por responsabilidades menores con este procedimiento).

· Debate nacional, en el espacio del Congreso, de los temas de seguridad y justicia para documentar inequívocamente la autoría de los diagnósticos, las propuestas y posibles implicaciones que los diferentes analistas y fuerzas políticas del país, determinantes de las políticas públicas aplicadas, están considerando para el efecto. Nada de acuerdos ocultos en temas y políticas de seguridad y justicia. Información completa, objetiva e irrestricta de todo lo relacionado con estos temas.

· Como no es previsible llegar a acuerdos consensuados con todas las fuerzas involucradas en los temas de seguridad y justicia, al menos debe explicitarse públicamente el diagnóstico, las posiciones y la intención de cada una de ellas en esos temas.

· Reactivación de procesos penales y de de procuración de justicia, reclamados incluso por tribunales e instancias internacionales como los correspondientes al caso del 10 de junio de 1971.

Por último queremos resaltar que dentro de pocas semanas se cumplirá el 40 Aniversario de la brutal agresión genocida perpetrada por el gobierno y el Estado el 10 de junio de 1971 en el barrio de San Cosme en contra de los estudiantes movilizados por demandas y reclamaciones democráticas.

Como se sabe, la reclamación de justicia, denegada en México ha sido llevada a instancias y tribunales de justicia internacional, en donde se han emitido pronunciamientos y resoluciones condenatorias al Estado Mexicano. El plazo de gracia de un año concedido al Estado mexicano para

informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las medidas tomadas o en curso para cumplir con los puntos de la sentencia se ha agotado sin que se registre ninguna acción relevante.

Exigimos a la PGR la inmediata reapertura de juicios en los que está involucrado el ex presidente Luis Echeverría a quien consideramos responsable de delitos de genocidio, contra la salud, por su participación en el llamado Festival de Avándaro, su reconocida participación como agente de la CIA y prófugo de la justicia mediante la complicidad de jueces corruptos que han dictado cínicamente resoluciones y recursos a modo de beneficiarlo.

Todas estas medidas, de instrumentación inmediata por los diferentes actores, buscan sentar las bases de una recomposición profunda del tejido social, mediante la movilización y la concertación democrática y participativa de toda la sociedad mexicana, sacando al país de la deriva militarizadora de la vida nacional que hoy nos sume en la violencia, la impunidad, la denegación de justicia y la devastación de lo más preciado que tiene México: su juventud.

¡2 de Octubre, 10 de Junio y Guerra Sucia, No se Olvidan!

Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles

Todos a la marcha conmemorativa del

40 aniversario del 10 de junio de 1971

Comité 68, Raúl Álvarez Garín Félix Hernández Gamundi, Jesús Martín del Campo, Carlota Botey, Carolina Verduzco, Ana Ignacia Rodríguez, Humberto Campos, Pastora del Moral, Enrique Cortés, Leopoldo Ayala, Francisco Huerta, José Luis Cerrada Myrtokleya González, Adriana Luna Parra, Alejandro Álvarez , Margarita Castillo, Oscar Menéndez, Roberto Sánchez, Arnulfo Aquino, Jorge Pérez Vega, Luis Tuñón, Lucy Castillo.

Se adhieren solidariamente a este documento: Nacidos en la Tempestad, Afadem, Limmedh, Fundación Diego Lucero, Coordinadora Metropolitana contra la Militarización del País (COMECOM), CEM, Dip. Gerardo Fernández Noroña, Dip. Jaime Cárdenas, Gral. José Francisco Gallardo, ANAD, SME.

México, D.F. a 8 de mayo de 2011.