Difusión Cencos México D.F., 5 de octubre de 2009
Fuente: La Jornada en línea Jesús Aranda
Pese a que el documento elaborado por el ministro Mariano Azuela señala que sí se violaron garantías durante el conflicto en 2006 y 2007, no prevé responsabilizar a autoridades.
En el conflicto ocurrido en Oaxaca en los años 2006 y 2007 hubo violación grave a las garantías individuales, pero no por parte del gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, así como tampoco por parte del Ejecutivo federal, sostiene el proyecto elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Mariano Azuela Güitrón.
“La violación generalizada de garantías no puede ser imputable a tales órdenes de gobierno, ya que desplegaron conductas tendientes a solventar el conflicto social en la entidad, sostiene en su proyecto de 923 cuartillas.
Azuela señala que se violaron el derecho a la justicia, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, garantías de libertad, garantías de libertad de trabajo, libertad de pensamiento y expresión, garantía a la educación, derecho de propiedad y posesión y derecho a la paz, cuya responsabilidad no adjudica directamente a las autoridades.
El dictamen elaborado por Azuela se repartió a todos los integrantes del pleno, quienes suspenderán sus sesiones públicas para dedicarse al estudio de dicho proyecto del martes 6 al martes 13 de octubre.
En un informe preliminar, la comisión investigadora, integrada por Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, se indicó que en las conclusiones "no se adjudican responsabilidades".
"Únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales", abunda.
La comisión recabó 151 informes de autoridades, de los cuales 29 son de funcionarios federales, 71 estatales y 51 de municipales, así como colaboraciones y entrevistas de diversos integrantes de la sociedad, como comerciantes, empresarios y representantes del clero.
De la misma forma, la investigación contiene testimonios de integrantes de organizaciones de derechos humanos, artesanos, prestadores de servicios, medios de comunicación, integrantes de la Sección 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Las conclusiones en las que se basó el ministro Azuela para elaborar su proyecto de sentencia están documentadas con material fotográfico y videográfico.
De igual forma se sustenta en 346 entrevistas a autoridades federales, estatales y municipales, funcionarios y ex funcionarios, en 20 viajes durante los cuales se levantaron las respectivas actas circunstanciadas en casi seis mil 600 páginas.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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