viernes, 2 de octubre de 2009

La impunidad, “una política de Estado”


México D.F., 1 de octubre de 2009 (Cencos).- El Examen Periódico Universal aplicado a México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mecanismo que funge como indicador sobre los temas que en materia de derechos humanos deben ser atendidos por los gobiernos de las naciones evaluadas, lanzó múltiples recomendaciones al Estado mexicano, mismas que han sido tomadas como “casos aislados” por el gobierno mexicano y que “siguiendo con esta lógica de los casos aislados, también han sido desatendidos”, sostuvo Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La injusticia, la carencia de reparación de daño y las estrategias de impunidad por parte del Estado, fueron los temas que se trataron en el Foro de Análisis Impunidad y Conflictividad Social que tuvo lugar en la sede de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), en el que también participaron la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, el equipo del programa Observatorio de la Conflictividad de SERAPAZ y la académica Clemencia Correa del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El equipo del Observatorio de la Conflictividad Social presentó un estudio que revela que la lucha contra la impunidad se ha quintuplicado del año 2006 al 2009; las razones de este crecimiento, explican, se deben principalmente a la llamada “guerra contra el narcotráfico” que emprendió el gobierno federal desde inicios del sexenio, la militarización y la utilización del ejército en tareas que corresponden únicamente a las policías, así como a las políticas que estimulan la criminalización de la protesta social con modificaciones a la ley “que encajaran con el perfil de los luchadores sociales” y citaron como ejemplo la figura jurídica del arraigo.

El estudio demuestra que la sociedad civil principalmente lucha contra el Estado y sus servidores públicos, recurriendo en un principio a los gobiernos estatales, saltándose los gobiernos municipales debido a que se desconfía que sus resoluciones puedan satisfacer sus demandas, en la segunda instancia recurren o se enfrentan al gobierno federal. Según el Observatorio de la Conflictividad Social, los demandantes principalmente recurren a la denuncia pública como la marcha o el mitin, pero al no resultar favorables estas tácticas las estrategias se agudizan y recurren al bloqueo o al plantón.

Arriaga Valenzuela mencionó sobre la impunidad que “tiene que ver principalmente con la carencia de una base en la racionalidad y el interés público por parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia que, de ser de otro modo, tendría que alentar la democratización de los derechos económicos, sociales y culturales de manera integral que impulse una reforma judicial eficiente, mecanismos de rendición de cuentas, reparación del daño, así cómo abusos militares juzgados por una corte civil y el respeto a las autonomías indígenas de manera adecuada y no como asistencia o caridad.”

En este sentido el director del Centro Prodh se refirió al caso de la mujer indígena ñha-ñhú Jacinta Francisco Marcial, indígena acusada de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación como un ejemplo de “las asimetrías del sistema de justicia en el que los acusados no tienen recursos para sobreponerse a un proceso judicial dentro de una institución que discrimina en razón de género, condición económica y étnica”. Se refirió también a los casos de Acteal, Atenco, el caso Zimapán y Pasta de Conchos como casos que se descontextualizaron y se juzgaron como delitos que responden a otras lógicas , muy diferentes a las sociales”.

La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas denunció una vez más “el acto de injustica” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsó al liberar a los actores materiales de la masacre de Acteal, así mismo lanzaron una acusación por “la ineptitud consciente de las instituciones que administran la justicia al no recurrir al testimonio completo de los declarantes, ya que es parte de una estrategia del gobierno mexicano para que al tiempo pudiera liberar a sus socios paramilitares, argumentando violaciones al debido proceso legal.”

José Vázquez y Araceli Cristóbal, ambos integrantes de la mesa directiva de Las Abejas, hicieron una petición a las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a esclarecer los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, difundiendo información “ya que muchos creen que se hizo justicia , pero esa es una labor que los medios se han encargado de hacer, la de confundir a la gente.”

Por su parte Clemencia Correa, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México mencionó que “en efecto, todo el sistema de impunidad está sustentado en campañas mediáticas, ya que es importante mantener mal informada a la sociedad y en un estado de confusión.”

La maestra Correa expuso que la impunidad es una política de estado que responde a intereses políticos y económicos principalmente, en este sentido explicó que “la estrategia del Estado de impunidad está basada en un desconocimiento de la justicia para así poder legitimar el abuso de poder dejando intactas las estructuras de impunidad y creando leyes que permitan violar los derechos humanos, es decir, legalizando lo ilegal”. Además de brindar protección jurídica a los victimarios, prosiguió, existe una sistemática negación del crimen convirtiendo a la sociedad en una sociedad esquizofrénica, sostenido con una campaña en medios y justificando actos de terror como necesarios para mantener el orden público y la legalidad.

Clemencia Correa hizo un llamado a comprender la historia de los crímenes de lesa humanidad de una “manera transversal que nos permita comprender presente, pasado y futuro, ya que en América Latina se construye una forma simbólica, física y psíquica de pensar en el victimario, qué mejor para que el victimario se afiance como tal, primero repitiendo el agravio antes de resarcirlo y además comprando el dolor y remunerando a las víctimas.”

Los ponentes concluyeron que la impunidad se debe principalmente a la deficiencia de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y que este aumento de impunidad genera la conflictividad social, frente a este panorama es necesario, afirma Correa, “mantener mecanismos sólidos entre las diversas organizaciones para impulsar proyectos como la creación de tribunales ciudadanos en los que se juzgue moralmente a los victimarios, desde las comunidades y desde la sociedad, así como apoyarse en las instancias internacionales, tener un registro de los hechos para descubrir cuales son los mecanismos con los que opera el sistema de impunidad, fortalecer los medios masivos alternativos y crear un juego con los medios oficiales, frente a la juventud no queda más que sensibilizar e impulsar respecto a estos temas, además de generar otros modos de protesta que tienen que ver con las artes, la alegría y lo lúdico, finalmente emprender campañas generales contra el olvido”, concluyó.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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